Los técnicos que están controlando la legalidad de las ayudas covid a las empresas han detectado que algunos grupos cruzaron facturas entre empresas de la misma organización, circunstancia que les reportó muchas más subvenciones de las que llegaron a recibir grandes entramados empresariales con miles de empleados en ERTE. Muchas de estas justificaciones están ahora en cuestión porque los técnicos consideran que podría tratarse de una doble facturación o de una facturación cruzada.
Estas irregularidades son las que han provocado que el Govern comience a exigir la devolución de las ayudas que recibieron indebidamente. Fuentes cercanas a la investigación señalan que algunos de los empresarios ya las han devuelto en su totalidad ante el temor a incurrir en responsabilidades penales si finalmente el expediente concluye que no tenían derecho a estas subvenciones.
Se trata de empresas que recibieron parte de estas ayudas covid por pérdidas derivadas de la pandemia, pero que después terminaron repartiendo dividendos, algo que estaba totalmente prohibido. El Govern aprobó una línea de ayudas de 855 millones en Balears y bastaba con una declaración responsable para recibir el dinero. Al hacer el control de legalidad de estas subvenciones, se han detectado algunos problemas, que son lo que ahora se quiere resolver.
El anterior Govern aprobó una instrucción a propuesta de los técnicos que ahora se revisará y en ella se especifica de forma clara que no se pueden cruzar facturas entre empresas de un mismo grupo. Los técnicos defienden que se debe ser extremadamente escrupuloso con estas subvenciones para evitar que se beneficie a quien ha podido abusar de la buena fe de la Administración al conceder las subvenciones.
El volumen de las ayudas es tan importante, 855 millones de euros en total, que cualquier posible fraude en un gran empresa podría ir acompañada de una responsabilidad penal, según explican las mismas fuentes. El Govern tiene previsto mantener una reunión para revisar los criterios de esta instrucción y trata de tranquilizar a los empresarios, pero siempre desde la legalidad.
La Sindicatura de Comptes hará de oficio el control de legalidad de las subvenciones y sus conclusiones se trasladarán al Tribunal de Cuentas. Si este Tribunal entiende que ha habido alguna actuación política no ajustada, podrá solicitar una responsabilidad patrimonial, como ya les pasó a Mateu Isern y Aina Calvo, aunque el expediente se cerró al final sin consecuencias