El Govern ha expresado su alarma ante la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la decisión que la Comunidad de Madrid adoptó en 2018 de denegar miles de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), en base a la limitación de la concesión de una licencia por cada 30 de taxi. Esta sentencia, que se suma a otras en el mismo sentido, no sólo tumba el acuerdo que deja la puerta abierta a que aquellas solicitudes de autorizaciones hechas antes de septiembre de 2018 puedan realizar un 20 por ciento de sus servicios en otras comunidades autónomas.
Eso, según el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa y la directora general de Mobilitat, Lorena de Valle, permitiría que estas compañías, en determinadas condiciones, pudieran operar en Baleares con licencias de otras comunidades.
Precisamente el Parlament balear tiene lista para su aprobación (eso sucederá en el primer pleno del periodo de sesiones) una reforma legal que pone trabas a las VTC, limita su capacidad de actuación y va en línea con las reclamaciones del sector del taxi tradicional. Esta norma, inspirada en una proposición de ley del PSIB y que cuenta con el apoyo de todos los grupos, también plantea una moratoria en la concesión de licencias. Si se aprueba ahora es para dejar sin efecto las miles de licencias que las compañías tipo Uber han solicitado en los últimos años.
La idea del Govern es incluir una enmienda sobre estas cuestión aunque tanto la directora general de Mobilitat como el vicepresidente Costa son conscientes de que el Gobierno estatal tiene que aprobar una norma que lo impida. El sector tradicional del taxi y los partidos de las Islas están de acuerdo.
A pesar de que la sentencia es de otra comunidad y que se refiere a una compañía que no opera en Balears (sólo circula Uber), desde el Ejecutivo balear han insistido en que la resolución del Supremo puede tener efectos en el conjunto de España y, especialmente, en el caso de un territorio limitado como las Islas.
Ámbito europeo
El Govern ha informado de que la consellera Marta Vidal, planteará esta cuestión en una reunión (sin fecha) que tiene previsto mantener con el ministro Óscar Puente. En realidad, toda esta polémica arranca de un decreto estatal de 2018, luego tramitado como ley, y que iba en disonancia con las directrices liberalizadoras de la Unión Europea. La legislación y la justicia comunitaria considera esta limitación contraria a la libertad de establecimiento del Tratado de la UE salvo que se haya acreditado que es una medida proporcionada en relación con criterios medioambientales, algo que recoge la propuesta autonómica.