La situación inmobiliaria en Palma es tan desesperada que algunos han decidido sacar provecho. En un acto de ‘creatividad inmobiliaria', en una finca de Son Gotleu se están alquilando cuartos trasteros en sótanos reconvertidos en pequeñas habitaciones, equipadas con cocina y baño. El precio es de hasta 485 euros por 23 metros cuadrados.
Por desgracia, el mercado inmobiliario está tan desatado que algunos no dudan en recurrir a estas ofertas. Sin embargo, este fenómeno de infraviviendas en cualquier rincón causa problemas de convivencia.
Un vecino de la finca donde se alquilan estos cuartos, situada en la calle Ferrer de Pallarés, denuncia que «los inquilinos de estas viviendas ilegales crean problemas de convivencia». Estos pisos-sótano se han llegado a anunciar en Facebook con el siguiente enganche publicitario: «¿Quieres compartir piso o habitación? Aquí tienes un tipo estudio/sótano. Tiene electrodomésticos, aire acondicionado, portero automático... Se busca chico o chica no fumador. Recomendamos no pareja. 380 euros, agua y luz aparte. Un mes de fianza».
Si estos sótanos son usados habitualmente como trasteros para almacenar muebles o bicicletas, algunos han decidido hacer negocio de la necesidad. «Hemos tenido a una pareja viviendo en este sótano. Como no hay ventanas, cuando cocinaban abrían la puerta y salían todos los olores», denuncia el vecino. El otro cuarto reconvertido en vivienda se usaba como ‘picadero' o era usado por el inquilino para ejercer la prostitución. «Hemos tenido a gente extraña saliendo y entrando. Nos han robado bicicletas y patinetes. Algún cliente de la persona que ejercía la prostitución ha intentado meterse en mi casa», se lamenta el vecino.
Los propietarios de estos sótanos hicieron obras ilegales y conectaron las tuberías de aguas fecales con un pozo negro, además de enganches ilegales a la red de Emaya. La situación es tan insalubre que aparecen multitud de gusanos por la escalera. «Lo hemos denunciado al Ajuntament pero no hacen nada», dice el vecino. Pese a poner denuncias en Emaya y Urbanisme por el alquiler ilegal de los trasteros, advierten que aún no ha recibido ninguna respuesta de las instituciones públicas.