La presidenta del PP balear y del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este sábado que en este primer trimestre del año se aprobará el decreto de simplificación administrativa, que contempla la externalización de la tramitación de las licencias urbanísticas. Este nuevo decreto se basará en tres ejes: normativo, de trámites y de digitalización de los procesos.
Con ocasión del foro del PP «El cambio que avanza», celebrado en el Parc Bit de Palma, Marga Prohens, se ha referido en concreto a la externalización de la tramitación de licencias urbanísticas, una petición del sector de la construcción y los promotores inmobiliarios. Defiende que gracias a esta fórmula, entidades privadas, colegios profesionales o empresas podrán realizar todas las comprobaciones en los proyectos presentados, dejando que los ayuntamientos den el último paso dando el apoyo jurídico.
De este modo, la patronal estima que en dos meses se podrían obtener licencias que ahora tardan un año o más en conseguirse.
Durante su intervención, Prohens ha señalado que se trata de una propuesta que ya aplican comunidades autónomas como Madrid y la valenciana. «De esta manera, desde el Govern abordaremos uno de los retos prioritarios para el PP como es liberar de toda esta carga a los ayuntamientos, reduciendo la tramitación de licencias a menos de dos meses», ha señalado Prohens.
La presidenta balear ha sostenido que la administración pública debe «dejar de ser un problema para los ciudadanos en Baleares». «Vamos a cumplir con nuestro compromiso de reducir la burocracia para los ciudadanos, para las empresas de las islas y las que quieren invertir», ha afirmado Prohens, que ha subrayado la importancia de disponer de vivienda en las islas.
La mandataria balear ha destacado la creación de la Comisión de Simplificación Administrativa con el objetivo de identificar duplicidades de trámites, excesos regulatorios o normativos, y «cualquier cuello de botella de la administración».
Otra de las medidas que recoge el futuro decreto es la eliminación del requisito de disponer de un certificado de discapacidad para tener acceso a prestaciones de salud mental.
Esos retrasos enormes en las licencias de construcción en los cascos de las poblaciones carecen de cualquier excusa que no sea la vagancia y la irresponsabilidad de funcionarios y políticos. Recuerdo una obra en el Palau des Senyors de Devant de S'Esglesia, en Ciutadella, que tuvo que ir a la Justicia Contencioso Administrativa cuando ya llevaba siete años de trámite, que hay que estar desesperado. Aquí se zancadillea al empresario; no nos quejemos luego del desempleo de nuestros jóvenes.