Representantes del anterior Govern, en manos del PSIB, y del actual, del PP, han optado por no hacer declaraciones sobre la detención de un colaborador del exministro José Luis Ábalos por un caso de corrupción en la compra de mascarillas que presuntamente afecta al anterior Govern, además de a la comunidad de Canarias y a al menos dos ministerios, el de Fomento y el de Interior. El 'caso mascarillas' se ha conocido este miércoles tras la detención de la mano derecha del exministro, pero la investigación es secreta y poco se sabe por ahora de hasta dónde llega el caso en las Islas.
A la espera de que se conozcan más detalles, fuentes del PSIB aseguran que desconocen el alcance de la investigación por lo que no se pronunciarán sobre la materia hasta saber qué se investiga y en qué medida afecta al anterior Govern. Aseguran que solo saben lo que ha publicado la prensa y las distintas agencias.
Lo mismo aseguran del actual Govern, que tampoco hará un pronunciamiento oficial hasta tener más información sobre el caso. Fuentes cercanas a la presidenta del Govern, Marga Prohens, afirman que no tienen más detalles de lo publicado, por lo se impone ser prudentes. En el Govern aseguran que desconocen si ha habido actuaciones policiales en Baleares en el marco de esta investigación.
El Govern gastó 65 millones de euros en compras de material sanitario, como mascarillas, guantes y equipos de protección, sin cumplir la normativa de las leyes de contratación, algo que permitía el estado de alarma. Sin embargo, debe haber una revisión a posteriori de todas estas adquisiciones, algo que también hizo la Sindicatura de Comptes. Algunas de las compras hechas en China se consiguieron por mediación de una abogada china asociada al bufete de José María Lafuente. El hecho de que este abogado sea militante socialista provocó las críticas del PP.
La Oficina Anticorrupció de Balears ya realizó un estudio de todas las compras que hizo el Govern durante el estado de alarma, muchas de ellas en China, a instancias de su director, Jaime Far. Se hizo un estudio de toda la contratación en fase de emergencia con un análisis de los contratos realizados por la vía de emergencia para enviar enviar después las conclusiones a la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación, que depende del Ministerio.
Este organismo descartó «usos irregulares» que supongan «fraude o supuestos de corrupción» en las compras de material médico en China. La única precisión que hizo el organismo dirigido por Jaime Far fue que algunas de las operaciones realizadas podían ser objeto de mejora y estimó que se compraron once millones de mascarillas quirúrgicas de más que no se utilizaron en ese momento.
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