La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia aplazará la prohibición de venta de coches diésel en Baleares, prevista para 2025 por la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, aprobada en 2019. De momento, no hay una nueva fecha para la medida.
El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, ha explicado que «la Unión Europea ha retrasado la prohibición de la venta de vehículos de gasolina y diésel hasta 2035 y hemos considerado que nuestra restricción, fijada para el año que viene, es precipitada, por lo que actualizaremos la ley. Además, el Tribunal Superior ha planteado que plazos de la Llei de Residus pueden ser inconstitucionales y tememos que con los coches de combustión ocurra lo mismo».
Viu considera que «la prohibición de la venta de vehículos diésel debe ir acompasada con la expansión de la red de puntos de recarga de coches eléctricos. Tanto la Llei de Canvi Climàtic como la de Residus son normativas valientes y ambiciosas que han supuesto un avance importante, pero hay algunas disfunciones que no tienen mucho sentido».
En concreto, el director general se refiere a la red pública de puntos de recarga de Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears (Melib): «Melib nació con impulso, pero necesita cambiar el modelo. Contamos ahora con 720 enchufes, pero el 33 % no funciona. Debemos ser más ambiciosos con la expansión de la red y, por supuesto, que funcione, pero lo que no podemos hacer es prohibir los diésel y que la alternativa de movilidad eléctrica presente deficiencias. Todos los factores tienen que adaptarse unos a otros».
Diego Viu menciona que «las empresas de rent a car están obligadas a determinados porcentajes de vehículos eléctricos en su flota, pero la red de recarga no acompaña. El resultado es que clientes con un vehículo inicial eléctrico no pueden cargarlo y tienen que cambiarlo por otro de combustión.
Asimismo, los ayuntamientos tienen que hacerse cargo del mantenimiento, la tecnología y el coste de los puntos de recarga. Nos hemos encontrado con que un ayuntamiento pequeño como Consell está pagando 8.000 euros al mes por este servicio, lo que es claramente inasumible. En estas condiciones, los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, no quieren aumentar sus puntos de recarga eléctrica».
En este sentido, el director general anuncia «un crecimiento ordenado de la red de recarga, estableciendo puntos y trayectos donde más se necesita este servicio. Podrá participar la empresa privada y lo que está claro es que dejará de ser gratis. El precio estará tasado. Tener subvencionada al 100 % la recarga eléctrica de vehículos es inviable, pero sí tendrá un precio asequible».
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