El Tribunal de Cuentas cierra el caso abierto contra la Oficina Anticorrupción. Un auto emitido el pasado mes de febrero certifica que el anterior director de esta institución, Jaime Far, no cometió irregularidades ni se dieron supuestos de responsabilidad contable cuando estuvo al frente de este organismo de control. El Tribunal de Cuentas analizó una serie de contratos realizados por el anterior director en el año 2021, años después de la creación de este organismo que puso en marcha e Govern de Francina Armengol a instancias de Podemos.
El Tribunal de Cuentas también fiscalizó el modo en que Far autorizó el pago de la carrera profesional al personal de la Oficina y la conclusión es que no hubo delito en ninguna de estas dos actuaciones, ni en los contratos externos, ni en los pagos de la carrera a los empleados. En consecuencia, declara el archivo de las todas diligencias realizadas. Señala que cabe la posibilidad de que haya recurso por parte de la Fiscalía, algo que nos ha sucedido en este caso ya que el propio Ministerio Fiscal había solicitado el archivo de la causa.
El informe del Tribunal de Cuentas llega después de que la Sindicatura de Comptes de Balears detectara anomalías en una serie de contratos realizados por la Oficina. Como consecuencia de ello, envió la documentación al Tribunal de Cuentas para que resolviera si había habido responsabilidades contables por parte de los gestores de Anticorrupción. En su fallo, el órgano máximo de fiscalización de las cuentas concluye que, en el caso de los contratos examinados, todos los trabajos a los que quedó obligado el contratista de la Administración «fueron debidamente prestados» por lo que añade que no se aprecia «un posible alcance contable» porque no existe un daño patrimonial a la Administración.
Por lo que respecta a la segunda irregularidad denunciada por la Sindicatura de Comptes, la relativa a los complementos salariales de los trabajadores de la Oficina Anticorrupción, el fallo del Tribunal de Cuentas también es favorable a la gestión de Far. «Tampoco puede apreciarse daño patrimonial alguno a la Administración Pública como consecuencia de la convalidación de los actos administrativos», asegura en referencia a este asunto.
Señala que las actuaciones deben archivarse porque los hechos no revisten alcance de manera «patente, clara y descubierta» ya que ni siquiera fue necesario una investigación previa de los hechos. Concluye que no puede apreciarse que haya habido daños a fondos públicos de la administración.
El Ministerio Fiscal también había pedido el archivo de las diligencias ya que la Oficina había presentado una información previa donde quedaba demostrado que todas las facturas fueron correctamente conformadas «y los trabajos efectivamente realizados». También precisa que, si bien pudo haber errores iniciales en la puesta en marcha de la carrera profesional para los trabajadores de la Oficina, todas las resoluciones quedaron avaladas por una resolución formal.
El actual director de la Oficina Anticorrupción, Cristòfol Milán, ha enviado al Parlament el informe del Tribunal de Cuentas, con el archivo de las diligencias iniciadas a instancias de la Sindicatura de Comptes. Milán recuerda en su escrito que los informes realizados por los síndics con las supuestas irregularidades se emplearon como argumento político para avalar el cierre de la Oficina.
Milán adjunta el informe que declara el archivo «a la vista de que no existe ningún supuesto de responsabilidad contable». El director de la Oficina destaca, de manera especial, que el Tribunal de Cuentas avale plenamente la legalidad del pago del complemento de carrera profesional a los trabajadores de la Oficina. PP y Vox ya han iniciado el procedimiento para cerrar esta Oficina, que se puso en marcha durante el primer mandato de Francina Armengol.