PP y Vox tienen ya prácticamente cerrado el acuerdo para que el catalán deje de ser un requisito en todos los puestos de la Administración. La consellera de Presidència, Maria Antònia Estarellas, y los diputados de Vox están a punto de anunciar un pacto para que esta exigencia deje de ser general en toda la Función Pública y solo se exige en puestos concretos y específicos de funcionarios.
Ese ajuste fino es el que está haciendo ahora la Conselleria después de semanas de negociación en el que el acuerdo general está prácticamente cerrado. La Conselleria prepara en estos momentos una clasificación de plazas en las que el catalán dejará de ser requisito para ser funcionario o trabajador público del Govern.
Lo que se ha pactado hasta ahora es que se seguirá un modelo parecido al que se ha hecho con los trabajadores de la sanidad pública de forma que quedarán eximidos del conocimiento del catalán todos aquellos puestos de funcionarios de difícil cobertura o de muy difícil cobertura, como pasa con los médicos. Por ejemplo, algunas de las profesiones de carácter técnico no deberán acreditar el conocimiento del catalán.
En otras en las que se requiera atención al público, por ejemplo, el catalán seguirá siendo un requisito. Sin embargo, también en este aspecto habrá cambios sobre la normativa actual. El Govern está revisando los niveles que se exigirá para cada departamento o para cada puesto de trabajo. Las fuentes consultadas consideran que el nivel actual es exagerado en algunos casos, por lo que se prevé una rebaja de las exigencias generales.
Estos cambios se traducirán en una modificación de la Ley de Función Pública, que deberá adaptarse a los nuevos requisitos lingüísticos que se pedirá a quienes quieran conseguir un puesto de trabajo en la Administración. Las fuentes consultadas no aclaran por ahora si esta modificación se hará por decreto ley y después deberá convalidarse en el Parlament o si se hará a través de un procedimiento legislativo ordinario, algo que parece menos probable.
Los dos partidos aseguran que esta modificación busca conseguir el «equilibrio» natural entre las dos lenguas oficiales de la Comunitat, algo que, en su opinión, no existe en estos momentos. Afirman que hay que acabar con el «agravio» que supone exigir el conocimiento de un idioma en puestos de la Administración en los que no es «imprescindible» su conocimiento.
Añaden que se trata de hacer una ley exhaustiva que deje claro en qué plazas de la Función Pública es imprescindible conocer el catalán y qué nivel de catalán se exige para que no sea un «impedimento» para trabajar en el Govern o en sus empresas públicas vinculadas.
El Govern está convencido de que la modificación de la Ley de Función Pública para eliminar el catalán como norma no provocará el mismo nivel de protesta que se dio durante la legislatura de José Ramón Bauzá, cuando la combinación del TIL, la eliminación del catalán y recortes a todos los niveles provocó un nivel de conflictividad social que se mantuvo constante durante toda la legislatura y que se plasmó en la gran manifestación del TIL.
Ciudadano Kane: Chaval seguramente estoy más adaptado que tu.No por no hablar catalán doy menos persona,menos humano y menos integrado. Los que no os adaptas sois vosotros los intranssigibkes los que no queréis la convivencia con el resto de los no catalanes. En España deberíamos ser todos iguales.con los mismos derechos y no imponer una lengua ...Como hacía Franco.Sous peor que el Franquismo.