La proposición de ley presentada por Vox para la derogación de la Llei de memória i reconeixement democràtics, que el Parlament aprobó el 13 de abril de 2018, incluye en su articulado algo parecido a una amnistía aunque no recoja la palabra.
De un lado, deja sin efecto todos los procesos derivados de la norma –salvo las exhumaciones, algo que señala expresamente–, lo que incluye la tramitacion de sanciones incoadas con los procedimientos marcados en esa ley y, además, según recoge de manera literal, «queda derogado el apartado i) del numeral 1 del artículo 10 del decreto legislativo 2/2005 del 28 de diciembre en el que se aprueba el texto refundido de la ley se subvenciones».
Lo que deja oculto ese enunciado es que elimina la prohibición de recibir subvenciones del Govern por parte de quienes hayan sido sancionados por incumplir la ley. La derogación se aprobará con el aval del PP aunque toda la redacción es de Vox.
En la exposición de motivos, en la que se explica el por qué de la iniciativa –y que no tiene ningún efecto legislativo pues queda fuera de la parte dispositiva–, el partido ultra desarrolla todo su argumentario habitual para oponerse a las leyes de memoria. Parte de que «no es potestad del legislador de hoy juzgar colectivamente a aquellos españoles de entonces [en alusión de lapso de tiempo que va de 1931 a 1945, entre la proclamación de la Segunda República en España y el final de la II Guerra mundial] para volver a dividir a costa del pasado». De acuerdo a la descripción del partido ultra, se impone un discurso único que «vulnera la libertad de expresión y de cátedra».
La parte enunciativa de la propuesta de Vox, sin embargo, sí aporta una y describe que «entre 1931 y 1936 la conversación pública saltó por los aires, la capacidad coercitiva del Estado se desmoronó, las reglas del juego fueron quebrantadas y en las calles se vivió una espiral de violencia que terminó por envenenar la convivencia y por volar los puentes que aún unían a muchos españoles».
Rechazo de la izquierda
La derogación de la ley supone, además, eliminar el censo de víctimas que se elabora desde entonces así como los organismos que dependen de la ley, la colaboración pública para desarrollar proyectos como muros de memoria y rutas históricas, y la obligatoriedad de incoporar esta materia en programas educativos. «No puede haber sólo una visión de la historia, no cabe el pensamiento único», dijo Rodríguez.
La izquierda votará en contra y también presentó hace unos días una iniciativa en sentido contrario en la que se pide la intervención de las instituciones europeas (una delegación de Podemos viajó este miércoles a Bruselas) y al Gobierno de España que recurra al Tribunal Constitucional.
La izquierda critica que el PP asuma el discurso de Vox. Según Josep Castells (Més por Menorca), «de alguna manera de hacen cómplices de los asesinatos y entierran a las víctimas por segunda vez».