El exconseller de Trabajo y Turismo del Govern Balear Iago Negueruela (PSOE) ha sostenido en la tarde de este lunes en el Congreso de los Diputados que ni él ni ningún miembro del Consell de Govern ni la propia presidenta, Francina Armengol, supieron que la Guardia Civil investigaba las mascarillas compradas a la empresa Soluciones de Gestión en el marco del caso Koldo.
Con ocasión de su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso, Negueruela ha defendido la compra de las mascarillas para uso «civil y extrahospitalario», no para su empleo sanitario durante la pandemia de covid-19.
El Govern autonómico balear de la pasada legislatura, a raíz de la crisis sanitaria a escala mundial, compró por un valor de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, principal investigada en el Caso Koldo, una partida de 1,5 millones de mascarillas que fueron almacenadas y caducaron sin utilizarse, según el relato ofrecido este lunes, también en la Comisión de Investigación del Congreso, por el que fuera director general del IB-Salut, Manuel Palomino.
Negueruela defendió todo el proceso de contratación realizado por el ejecutivo de Armengol y ha sostenido que el Govern de Marga Prohens (PP) dejó caducar intencionadamente el expediente de reclamación activado por la administración socialista. Y lo hizo en una intervención bronca, en la que el diputado balear por el Partido Popular, José Vicente Marí Bosó, fue llamado al orden por la mesa.
El IB-Salut reclamó a la empresa el pago de 2,6 millones de euros, la diferencia del coste entre las mascarillas FFPP2 y las quirúrgicas entregadas. Para el PP, representado en la comisión por su diputado José Vicente Marí, el Govern permitió un «pufo» de casi 4 millones de euros en la compra de unas mascarillas a una trama «corrupta» que, finalmente, caducaron en un almacén, donde todavía permanecen».
Negueruela ha recordado que la propuesta de inicio de esa reclamación se firmó el 6 de julio de 2023 (todavía con el PSOE en el Gobierno) y que, el 24 de agosto (ya con el PP), Ureña asume ese documento. «Hace bien su trabajo y asume la propuesta del Gobierno anterior», ha destacado el compareciente, subrayando también que esa reclamación era por 2,6 millones y no por los 3,7 que costaron todas las mascarillas porque sólo se reclamó la diferencia de precio ya que se pagó por material de mayor calidad que el recibido.
Según su relato, el 17 de octubre de 2023 el expediente de reclamación se notifica a la empresa, Soluciones de Gestión presenta sus alegaciones el 6 de noviembre, pero el Ejecutivo de Prohens ya ni les contesta. «Desde entonces no hacen nada, dejan el expediente en un cajón y muere ahí», ha dicho Negueruela. A su juicio, cuando en febrero de 2024 estalla el caso, «montan un nuevo expediente y ahora tienen abierto un proceso penal. Es Prohens la que tiene que dar explicaciones», ha asegurado el compareciente.