El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, (Vox) ha respondido este miércoles a las críticas que le están lloviendo desde toda España y ha expresado los 12 motivos que le llevaron a romper la foto de Autora Picornell que la socialista Mercedes Garrido exponía este pasado martes en la Cámara autonómica, durante la toma en consideración de la Ley de Memoria de Democrática de Baleares. Tanto Garrido como Pilar Costa fueron expulsadas.
Cabe precisar que ha sido el Gabinete de Presidencia del Parlament el que ha emitido un comunicado justificando la actuación de su presidente. En los primeros puntos alega al cumplimiento del reglamento, que tiene entre sus objetivos principales garantizar el orden y se argumenta que «corresponde a la Presidencia la interpretación del Reglamento y su aplicación durante las sesiones». Además, se asegura que Le Senne intentó convencer a Costa y a Garrido de que retirasen los carteles (los socialistas exhibían fotos de represaliados del franquismo), así como que otros diputados se estaban quejando de que les permitiesen tenerlos.
En el comunicado emitido por el Gabinete de Presidencia del Parlament se califica de «flagrante infracción» la actuación de Garrido y Costa. Además, sostiene que «el presidente intentó retirar el cartel. En ningún caso fue su intención romperlo. No obstante, el presidente admite que habría sido más apropiado ordenar a los servicios de la Cámara la ejecución de la decisión» y hace un llamamiento «a la calma y a evitar más exageraciones y relatos incompletos de lo ocurrido, que lamenta profundamente». Por último, hay tres puntos en los que se denuncia la campaña de acoso, insultos y amenazas que está sufriendo en redes sociales» y asegura que «todo intento por menoscabar la neutralidad de nuestras instituciones es un ataque contra la democracia y el Estado de derecho».
Estos son los 12 motivos de Le Senne para romper la foto de Picornell
El primero de ellos es que «el Reglamento del Parlament establece el deber de la Presidencia de mantener el orden». El segundo es que «tanto el presidente como el resto de la Mesa deben mantenerse neutrales en los debates. Un ejemplo de la aplicación de este principio es que cuando un miembro de la Mesa interviene en un debate, abandona la Mesa y ocupa un escaño abajo, a fin de preservar la neutralidad de la Mesa».
El tercero es que «los miembros de la Mesa deben por ello ayudar al presidente en su labor de asegurar el correcto desarrollo de las sesiones y el mantenimiento del orden». En cuarto lugar expone que «corresponde a la Presidencia la interpretación del Reglamento y su aplicación durante las sesiones».
En quinto lugar asegura que Mercedes Garrido y Pilar Costa, «ambas miembros de la Mesa, exhibieron carteles claramente partidistas en la Mesa. Numerosos diputados también exhibieron carteles en sus escaños, a lo que el presidente no puso objeción». El sexto motivo al que se alude en el comunicado desde el Parlament «el presidente trató de convencer, en privado y de manera reiterada, a la Sra. Garrido de que retirasen los carteles, con el fin de mantener la neutralidad de la Mesa. La Sra. Garrido llegó a asegurar que los retirarían tras la intervención del diputado de Vox, cosa que luego no hicieron».
En el séptimo se expone que «el presidente decidió inicialmente, y tras comentarlo con el vicepresidente, dejar pasar la infracción, por no generar más desorden. Sin embargo, crecían las quejas por parte de numerosos diputados de distintos grupos por la falta de respeto a la Cámara y a la Mesa».
El octavo argumento señala que «en consecuencia, según el deber de neutralidad e imparcialidad que de acuerdo con los letrados de la Cámara debe mantener la Mesa, el presidente hizo saber en privado a la Sra. Garrido que, si no retiraban voluntariamente los carteles, las llamaría al orden y las expulsaría. La Sra. Garrido respondió «expúlsanos», encogiéndose de hombros. A lo que, acto seguido, y tras llamarlas tres veces al orden, ante su actitud rebelde, se procedió».
En novena posición se califica de «inaceptable que los miembros de la propia Mesa, que deben dar ejemplo de buen comportamiento, no sólo sean quienes perturben el orden, sino que además se nieguen a acatar las decisiones de la Presidencia en el ejercicio de sus funciones».
En décimo lugar se alude al artículo 119.2 del Reglamento que «establece que, si el diputado sancionado (expulsado) se niega a abandonar la sala, el presidente adoptará las medidas que el Gabinete del Presidente Parlamento de las Islas Baleares considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión. El artículo 120 establece lo mismo para el mantenimiento del orden en las dependencias del Parlament».
El décimo primer motivo indica que «al negarse la Sra. Garrido a retirar el cartel y abandonar la sala, el presidente cerró él mismo el ordenador de la Sra. Garrido, a fin de terminar con la flagrante infracción. Al volver la Sra. Garrido a abrirlo, el presidente intentó retirar el cartel. En ningún caso fue su intención romperlo. No obstante, el presidente admite que habría sido más apropiado ordenar a los servicios de la Cámara la ejecución de la decisión (como sí se hizo con la Sra. Costa).
La décimo segunda justificación que da es que, «en cualquier caso, no es posible censurar la actuación del presidente, sin antes censurar la actitud previa provocadora de la vicepresidente y secretaria segundas del Parlament».
Posteriormente, aparecen tres puntos más sobre la repercusión de los hechos acaecidos. Así, en décimo tercer lugar «el presidente llama a la calma y a evitar más exageraciones y relatos incompletos de lo ocurrido, que lamenta profundamente. En innumerables juntas de portavoces ha pedido a todos los grupos su ayuda para mantener un debate racional y sosegado. La solicitud, evidentemente, se extiende a todos los miembros de la Mesa».
En décimo cuarto alegación se asegura que «el presidente, garante de la neutralidad institucional, denuncia la campaña de acoso, insultos y amenazas que está sufriendo en redes sociales, incluso con la participación de diputados de esta Cámara». Por último, se sostiene que «todo intento por menoscabar la neutralidad de nuestras instituciones es un ataque contra la democracia y el Estado de derecho».