Medio Gobierno sale en tromba, todos a una, contra el president del Parlament balear, Gabriel le Senne, tras el pistoletazo de salida que ha dado el presidente, Pedro Sánchez, que en su intervención en el Congreso este miércoles había lamentado el «execrable» comportamiento del president del Parlament. Dos vicepresidentas y otros dos ministros han salido también a la carga contra Le Senne, empezando por el responsable de Memoria Democrática.
Ángel Víctor Torres ha anunciado que Gobierno central estudia llevar a cabo acciones legales en su contra, aunque todavía no han decidido si actuarán amparándose en la Ley de Memoria Democrática o de otra norma. Tomarán una decisión según informes de los servicios jurídicos del Ministerio y de la Abogacía del Estado. «Debería ordenar los debates y no ser el hooligan de la Cámara», ha dicho sobre Le Senne.
A estas críticas se han sumado las de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno, quien ha afirmado en los pasillos del Congreso que la actuación de Le Senne ha sido «incomprensible y cruel» al romper la imagen de una mujer «asesinada por el franquismo». Otra vicepresidenta, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera «reprobable» y «lamentable» la actuación del dirigente balear de Vox y afirma que pone en cuestión la cultura democrática de algunos representantes políticos y el reconocimiento de lo que supuso el franquismo. Cree que quedó patente que el PP sigue «sometido» a la influencia de fuerzas políticas «poco democráticas».
El cuarto ministro que ha aprovechado su intervención en el Congreso para arremeter contra Le Senne ha sido el titular de Justicia, Félix Bolaños, que ha acusado a Vox de ser «un disolvente para la convivencia» ha señalado que el PP «blanquea» el franquismo, en alusión al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne.
Quién sí ha llevado a cabo un movimiento sobre este asunto ha sido el PCE, que ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática por si constituyen un delito de odio. Pide la apertura de diligencias de investigación penal. En paralelo, ERC y EH Bildu han registrado una moción en el Senado en la que condenan los hechos y piden la creación de una comisión sobre este tipo de incidentes con el objetivo de implementar medidas preventivas y sancionadoras. Denuncian que la destrucción de la fotografía es «un acto de desprecio a la memoria de las víctimas del franquismo y una ofensa a la democracia».
A las críticas del Gobierno se han añadido las de representantes de Sumar. Su portavoz, Iñigo Errejón, le ha llamado fascista y ha dicho que no era digno de representar al Parlament. «Un orgulloso heredero político de quienes fusilaron a Picornell preside una cámara representativa y no debería serlo ni un día más», ha comentado. El día anterior, los diputados de Sumar mostraron la imagen de Picornell durante una intervención del diputado mallorquín Vicenç Vidal, que reivindicó su memoria y censuró lo sucedido en el Parlament.