Más de 3.000 ciudadanos de las Islas realizan cada año trabajos en beneficio de la comunidad como pena alternativa al ingreso en prisión. La aplicación de la medida se ha asentado y el número de personas que pasan por los distintos convenidos suscritos entre ayuntamientos, asociaciones con Instituciones Penitenciarias se mantiene estable.
El año pasado fueron 3.303 los oficios recibidos por el organismo y cerca de 3.000 los licenciados con la medida ya cumplida. Según los datos de Instituciones Penitenciarias, en los dos primeros trimestres de este año, la cifra va en ese margen, con 1.369 peticiones. De todas ellas, la gran mayoría, cerca de nueve de cada diez, las cumplen hombres y el número de mujeres es residual. En parte porque el principal delito en el que se incluye esa condena en lugar de penas de multa o de prisión son en delitos relacionados con violencia de género.
Por ejemplo, de las 793 peticiones que recibió el Estado para que penados llevaran a cabo trabajos en el segundo trimestre en Balears, 432 tenían que ver con violencia sobre la mujer, es decir, el 53 por ciento. El resto corresponde a delitos contra la seguridad del tráfico, que son una cuarta parte. El resto corresponde a lesiones, delitos contra el patrimonio y otro tipo de ilícitos.
La gran mayoría de mandamientos de trabajos en beneficio a la comunidad se producen cuando suponen la condena principal. Un veinte por ciento corresponden a los otros supuestos contemplados para la imposición: la suspensión de una condena o como sustitución de una pena de menos de tres meses de cárcel.
La acumulación de condenas ha provocado ciertas demoras en los llamamientos a los penados para desarrollar los trabajos y, en varias ocasiones, la Fiscalía ha alertado sobre problemas con el cumplimiento y el control de la medida en algunas provincias. En Balears, sin embargo, no se han detectado casos en los que la pena haya prescrito y los responsables de penitenciario en el Ministerio Público han alabado en varias memorias que se cumplen las penas con agilidad. En Palma se inició una práctica para acelerar el cumplimiento y, desde el primer momento se hacía firmar al reo el plan para seguir los trabajos y las consecuencias del incumplimiento, que pueden llegar a suponer un delito de quebrantamiento. También se obligaba a designar un domicilio. La misma práctica luego se extendió al resto de partidos judiciales.