El Gobierno no piensa dar marcha atrás en la liquidación de la Oficina Anticorrupción pese a la amenaza del Gobierno central de que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si no lo hace. Fuentes del Ejecutivo balear aseguraron ayer que el texto es perfectamente constitucional, por lo que no tienen intención de modificar la norma, como exige el Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo aseguraron este pasado lunes que esta amenaza del Gobierno de Pedro Sánchez, junto a otras como la relativa a la legalización de viviendas en suelo rústico, ponen en evidencia que existe una «especial fijación» del Gobierno de España con las leyes que se aprueban en las Islas. Las mismas fuentes lamentan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no tenga esta misma fijación» en solucionar los problemas de Balears. Como ejemplo ponen la visita ayer de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que no tuvo «ni cinco minutos» para reunirse ni con el Govern ni con la institución competente en Mallorca, que es el Consell.
Una ley del Parlament
El Govern quiere dejar claro que la norma sobre la que pesa la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad no es una ley del Govern, ya que los textos legales los aprueba el Parlament «por mayoría». En este caso fue a iniciativa del PP, que es el partido que presentó una proposición de ley a la Cámara.
Por último, los representantes del Ejecutivo balear se preguntan si el Gobierno de Pedro Sánchez lanzará esta misma amenaza a las doces comunidades autónomas en las que no existe un organismo equivalente al de la Oficina Anticorrupción. El Govern asegura que tiene «total tranquilidad» sobre la constitucionalidad de esta ley que, insiste, cuenta con el respaldo mayoritario del Parlament balear.
El problema
El Gobierno central cree que hay elementos para dudar de la validez legal de varias disposiciones de la ley de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de Balears. Todas las medidas cuestionadas por el Gobierno hacen referencia a la decisión de suprimir la Oficina Anticorrupción. Se considera inconstitucional la propia liquidación de la Oficina y que el Govern se subrogue de los derechos y obligaciones de la entidad y se haga cargo de los bienes.
También se cuestiona la disposición de la normativa que dispone el cese del director de la Oficina a partir de la entrada en vigor de la ley, entres otras cuestiones porque el director fue elegido por el Parlament. Tampoco está de acuerdo con todas las disposiciones sobre el personal que figuran en la ley de liquidación.
Visquent a n'es país que vivim, qualcú pot estar en contra d'una oficina anticorrupció?? Ja està bé de sectarismes, i d'acceptar ses sentències judicials, organismes i governs, només quan els controla es partit que mos agrada. Els que pagam impostos i no som de cap partit volem tots els corruptes a sa presó. I si pot ser, fent treballs forçats per pagar-se es manteniment.