Antoni Vera: «Analizaremos con todo el sector el impacto de la digitalización en las aulas»

Antoni Vera (Andratx, 1973) ofrece su segunda entrevista con este diario desde que ostenta el cargo de conseller d’Educació i Universitats. El desinterés de los centros por aplicar el plan piloto de elección de lengua, al que solo se han acogido 11 de Balears, todos concertados, ha reducido la presión de la comunidad educativa contra Vera. El problema informático que retrasó hasta medianoche la adjudicación de más de 2.300 plazas de docentes interinos ha marcado el primer inicio de curso que su equipo gestiona íntegramente.

Ha habido familias que querían llevar cerca de casa a sus hijos y les ha tocado lejos por la reducción de ocho a tres zonas escolares, según los sindicatos y la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Mallorca. ¿Cómo evitarán que vaya a más?
La zonificación que hemos aplicado es la que había habido antes de las ocho zonas. No es normal que una ciudad como Palma, de tamaño medio, tenga tantas. Se había hecho un queso gruyer. Además, en campaña nos presentamos hablando de libre elección de centro. Nuestro objetivo es ir hacia la zona única en toda Palma para que las familias puedan escoger en función de la puntuación. No siempre todo el mundo está contento con la primera opción que se les da, pero entre primera y segunda opción se ha cumplido la escolarización, manteniendo porcentajes similares a los años anteriores. Incluso con la zonificación excesiva del Pacte teníamos un porcentaje parecido. El porcentaje de familias que no han podido escoger en primera opción ha sido bajo.

¿La zona única prevén implantarla el próximo curso?
Lo veremos, se seguirá mirando y decidiremos qué hacer.

Al escoger un centro lejos del hogar se incentiva que ciertos colegios e institutos se conviertan en guetos, motivo por el cual los docentes piden una inversión equitativa para que no haya tantas diferencias socioeconómicas en las aulas. ¿Qué opina?
No creo que este sea el problema. Durante ocho años en Palma no se invirtió en infraestructuras, tampoco en calidad educativa y atención a la diversidad. Los centros públicos de Palma son los que están en peores condiciones, como en Eivissa. Ni Ajuntament ni Govern anteriores hicieron lo que tocaba. Hay que dignificar los centros con más recursos y modernizando los edificios.

El Consell Escolar de les Illes Balears le reprochó cómo se tramitó el nuevo decreto de escolarización, que introduce el punto de antiguo alumno. ¿Se considera un conseller dialogante?
Consensuar y dialogar significa hablar de todo, y estamos dispuestos a ello. De hecho, se han tenido en cuenta muchas alegaciones de la comunidad educativa, pero cuando llegué al cargo expliqué los puntos de nuestro programa electoral y compromiso con los que nos dieron una mayoría parlamentaria. Pueden encontrarme muchos defectos, pero no el de que no sea dialogante. Escucho a todos.

Hay familias que optan por la Formación Profesional privada antes que la pública porque faltan plazas públicas o porque dan mayores facilidades a distancia. ¿Qué harán al respecto?
Faltan plazas públicas, sobre todo en el ciclo sanitario, de informática y en el físico deportivo. También en marketing digital. Hemos intentado poner más plazas en la oferta educativa, y este próximo curso absorberemos mucha más parte de la población que demanda estos estudios. La FP es la mejora herramienta para luchar contra el abandono escolar, y Balears lidera el ránking en España. Hay mucha población que no demanda Formación Profesional ni estudios universitarios y debemos incidir en esto: los orientadores son muy importantes para guiar a los alumnos, en cuarto de ESO más que en Bachillerato. También en sexto de Primaria.

El problema informático marcó el inicio de curso, pero han conseguido empezarlo con un mínimo de plazas docentes vacantes. ¿Trabajan en ajustar los servicios técnicos al volumen de personal y familias que gestiona la Conselleria, como piden los sindicatos?
Hemos empezado con el proyecto Séneca, un programa digital que sirve para gestionar en una base única toda la información sobre la gestión económica de los centros, el transporte escolar o los comedores. Lo que no incluiría son los trámites de personal docente. Para ello estamos en contacto con otras comunidades y nos reunimos para ver ejemplos y saber cuál es el mejor sistema que podemos adoptar. Hay críticas por parte de la oposición, pero deben ser conscientes que el sistema informático actual es de 2014, y gobernaron ocho años; no hicieron ningún cambio. Estamos ante la convocatoria de interinos más alta que ha habido: el año pasado se sacaron 1.000 plazas, pero este han sido 2.900 porque se han aumentado las plazas y ha habido más movimientos por comisiones de servicio.

Prometen ejecutar 150 millones en mejorar y construir centros en tres años. ¿Cómo evitarán que la licitación de proyectos quede desierta? A los promotores no les salen a cuenta.
Una vez a la semana voy al Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals para analizar cada proyecto. No hay muchas fórmulas porque la ley de contratos tiene sus límites y es normativa estatal. La normativa se ha ido endureciendo para que no hay mal uso del presupuesto. La obra pública en infraestructuras escolares es complicada, sobre todo si te encuentras que en tiempos de bonanza se ha hecho tan poco.

Han promovido una regulación del móvil en los centros, ¿prevén hacer lo mismo con las tabletas? También se cuestiona su uso en Primaria.
Estas decisiones no se pueden tomar unilateralmente desde la Conselleria y debemos hacerlo de otra manera. Hay metodologías muy diversas según el centro. Cuando la comisión parlamentaria de estudio y reflexión sobre el impacto de la digitalización tenga unas conclusiones, nos reuniremos con los representantes de la comunidad educativa. Después de eso, tomaremos la decisión más consensuada posible.

¿Por qué mantienen el plan de elección de lengua, promovido por Vox, si rompieron su acuerdo con el Govern? Este plan no estaba en el programa del Partido Popular.
Porque el plan dura tres años. No fue impuesto, fue fruto de una acuerdo parlamentario. El plan ha cumplido con lo que se proponía: que todos los centros, con total libertad, escogieran si les interesaba o no. Once centros han decidido adherirse. Lo que dijimos es que se tienen que evaluar los resultados de los alumnos que ahora empiezan y cuando acaben el plan. En función de eso, se tomarán decisiones.

Históricamente, se ha criticado que en los centros concertados no se cumple el mínimo de 50 % de horas lectivas en catalán, por lo que ahora, los que se adhieren al plan, estarían cobrando por hacer lo mismo.
La Inspección Educativa debe ver si se cumple o no el requisito de las lenguas vehiculares, no seré yo quien ponga en duda su labor.

Los profesores que dan segundo de Bachillerato han empezado sin saber cómo será la nueva Selectividad. ¿Informarán en breve de ello?
Todavía no hay unas líneas claras marcadas, pero se está trabajando en ello. Seguiremos los criterios que marca el Estado, aunque creemos en una PBAU unificada para toda España, que es un distrito único universitario. Lo que sí cambiaremos son las fechas de los exámenes: avanzaremos las pruebas una semana porque dificulta las cosas a los alumnos que quieren matricularse fuera de Balears. Así tendrán mayor margen de tiempo.