Dos décadas después la constructora OHL aún batalla en los tribunales tras perder el concurso para construir Son Espases. El TSJIB ha rechazado un recurso de la compañía para intentar anular el concurso en el que resutló adjudicataria una unión de empresas liderada por FCC después del intento del entonces president del Govern, Jaume Matas de manipular el contrato en favor de OHL. El expresident fue condenado por un delito de tráfico de influencias por la maniobra aunque nunca dio ningún tipo de explicación. Cumplió una pena de diez meses de cárcel por el intento de manipular el mayor concurso de obra pública convocado hasta ese momento en Balears.
El concurso se había encaminado hacia OHL tras la intervención de una empresa que valoró las ofertas. Sin embargo, justo antes de la adjudicación se paralizó el concurso y la mesa de contratación solicitó informes a los Colegios de Ingenieros de Caminos y Economistas y al Consell Consultiu. Con la nueva valoración giró la adjudicación.
OHL planteó un recurso contra el concurso en ese momento. Sin embargo, la tramitación judicial quedó paralizada mientras se dilucidaba la causa penal. El contencioso se retomó después de que el Supremo confirmara la condena a Matas. Ahora, el TSJIB rechaza el recurso. Considera que la petición de informes adicionales es una previsión perfectamente legal y que «no se comprende cómo puede ser motivo de nulidad». También avala la actuación de los colegios profesionales y defiende que son organismos con capacidad y cobertura legal para elaborar cualquier informe que les solicite la administración en su campo de actuación. La sentencia recuerda que Matas trató de influlir en el procedimiento de ajudicación del contrato para, «mediante amaño, asegurarse que la adjudicación recayera en OHL» y que para eso se empleó una valoración emitida por una empresa que, «de haber llegado a ser aprobada por la mesa, daría como resultado la adjudicación a pesar de que superaba en más de cien millones a la oferta finalmente ganadora».
El tribunal también valora que tras el procedimiento penal, el informe de la empresa que beneficiaba a OHL ha quedado descalificado y que, en base al resto de documentación no hay dudas en torno a la legalidad de la adjudicación. Con todo, la empresa fundada por Juan Miguel Villar Mir aún puede llevar la causa ante el Tribunal Supremo para intentar conseguir una indemnización por las obras.
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