El Govern endurece el control de la renta social y reduce su coste

El Govern balear ha endurecido desde hace un año los controles en el pago de la renta social garantizada. Mayor vigilancia, cruce de datos, refuerzo de personal y la convocatoria de los beneficiarios a sesiones grupales para detectar cobros indebidos son medidas que han reducido en un año el número de perceptores sin modificar los requisitos para su cobro, reduciendo su coste para las arcas públicas en hasta cuatro millones de euros. Concretamente, en apenas un año se ha pasado de un coste 27,95 millones a 23,96 millones, una diferencia de 3,99 millones de euros.

Desde la llegada del actual Govern del PP se puso el foco sobre el reparto de la renta social garantizada (Resoga), prevista para perfiles en situación de vulnerabilidad y sin posibilidad de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), ante las bruscas variaciones en los perceptores y la detección de numerosos expedientes por cobros indebidos en la prestación.

Desde hace un año se ha incrementado la vigilancia y control del pago de la renta social y se han ido depurando cobros indebidos de esta prestación que se han ido detectado, desde personas con trabajo o incluso otras que habían dejado de tener residencia en las Islas.

Para ello, además de la robotización para el cruce de datos con otros organismos como la Seguridad Social, se han realizado cambios organizativos en la plantilla y se ha reforzado con más personal el servicio, que está revisando expediente a expediente.

También se ha intensificado la convocatoria de los beneficiarios a sesiones grupales, que sirven tanto para informar a estos últimos de su obligación de comunicar cualquier cambio en la situación, facilitar el acceso a ofertas de trabajo o a itinerarios formativos, como para comprobar que mantienen su residencia en la isla o que no se encuentran trabajando.

Entre el descenso del verano anterior y la revisión de expedientes del último año, en dos años el número de beneficiarios de la renta social garantizada se ha reducido en casi un 20 %, pasando de 3.373 a 2.614, es decir, 759 menos, y su coste se ha rebajado en cuatro millones de euros.