El Govern deberá devolver unos 100 millones de euros a los empleados públicos por la congelación salarial que acordó durante la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha dictado una sentencia a instancias del STEI en la que da la razón a los funcionarios y cree que el Govern no tenía motivos para congelar los sueldos ya que no presentaba números rojos cuando se tomó la decisión de congelación.
El STEI presentó un recurso contra el acuerdo del Consell de Govern en el que se aprobaba el incremento retributivo para el año 2021. El Govern acordó incrementar un 2 % las retribuciones básicas en cumplimiento de la orden del Gobierno central, pero, al mismo tiempo, acordó una rebaja en los complementos autonómicos por la misma cantidad, por lo que el efecto fue que el sueldo quedó congelado. La previsión era que este dinero se recuperará de forma automática en enero de 2023.
El Govern argumentó ante los tribunales que tuvo adoptar estas medidas, entre otras, para hacer frente a una «crisis sin precedentes y de extraordinaria amplitud y gravedad», por lo que aplicaba la normativa básica estatal, pero con las «limitaciones y garantías de estabilidad presupuestaria» que se derive de la crisis económica generada por la COVID.
La sentencia señala que, mientras que Baleares cerró 2019 con una cuentas de resultados negativa en 301 millones, la de 2020 fue ya positiva en 64 millones de euros y el Ministerio de Hacienda concluyó que cerró con superávit de 70 millones de euros. «No siendo negativa la situación de la Hacienda de la CAIB en el ejercicio 2020, no se cumplía por tanto el requisito para que fuera dejado de aplicar por la Administración de la CAIB el incremento retributivo previsto en los presupuestos generales del Estado», concluye la sentencia, que recuerda que deben aplicarse las subidas básicas que marca el Estado.
El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears obliga al Govern a pagar todas sus retribuciones complementarias en la misma cuantía que fueron percibidas en 2019, con efectos desde el 1 de enero de 2021, más lo intereses legales correspondientes de estos años. También determina que los funcionarios deben recuperar desde el 1 de enero de 2023 los incrementos del 2 %y del 0,9 % de las retribuciones complementarias.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, informó de esta sentencia adversa a los intereses de la Comunitat en el pasado debate de política general y cifró en 100 millones de euros el quebranto para las arcas de Baleares si se tienen en cuenta todos los complementos retributivos más los intereses. Prohens lamentó esta forma de funcionar del anterior Ejecutivo. Desde el PSIB argumentan que la congelación fue correcta y señalan que el Govern debería poder tener autonomía para fijar los incrementos retributivos en aquellos complementos específicos que paga la Comunitat. Añaden que lo contrario, lo que señala la sentencia, implica que es el Gobierno central quien decide el sueldo de todos los funcionarios.
Pero tamb se incluyen los trabajadores de las empresas públicas o solo funcionarios?