El PSIB ha exigido al PP que «deje de ponerse de parte» del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y que se sitúe al lado de lo que han dicho los letrados de la Cámara sobre la expulsión del pleno de las socialistas y miembros de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa.
Así lo han reclamado este jueves tras registrar dos escritos de queja en el Parlament, uno dirigido a la Mesa y otro a la Junta de Portavoces, por la «vulneración de los derechos constitucionales» de Garrido y Costa por parte del presidente del Parlament. En un comunicado, la formación ha explicado que el primer escrito va dirigido al presidente y a la Mesa y se solicita que se declaren vulnerados los derechos fundamentales y constitucionales de las socialistas por su expulsión de la Cámara, según apuntan, sin ampara reglamentaria ni legal.
En esta línea, Mercedes Garrido ha exigido al PP que «deje de ponerse de parte» de Le Senne y se ponga de parte de lo que han dicho los letrados de la Cámara. Igualmente, ha reclamado que destituyan a Le Senne del cargo, al considerar que «no puede continuar ni un minuto más al frente de una institución que está en una crisis continua con un presidente que arrastra el nombre del Parlament». En la exposición de motivos, Garrido y Costa defienden la «falta de justificación jurídica» por parte de Le Senne para tomar la decisión de expulsarlas y señalan que ya sucedió en el pleno del pasado 18 de junio.
Según las socialistas, este hecho supone una actuación «absolutamente arbitraria» y «desproporcionada» por parte del presidente de la Cámara, «inobservando constantemente el reglamento». En esta línea, han subrayado que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no citó qué artículo se estaba infringiendo y que el letrado que estaba en el pleno advirtió de ello. «La expulsión ordenada por Le Senne tampoco está prevista en ningún artículo del reglamento», han agregado.
Asimismo, el PSIB señala en el escrito que la potestad del presidente no es «absoluta» y que la ordenación del debate con la que Le Senne interpretó y ejecutó el reglamento fue «arbitraria». Según la formación, el presidente «confundió su voluntad y su persona con lo que implica ejercer la presidencia». Igualmente, han hecho hincapié en que durante el receso que se produjo durante el pleno varios grupos pidieron la presencia del letrado mayor para aclarar la interpretación del reglamento y que Le Senne se negó.
En relación con la neutralidad de la Mesa a la que hace referencia Vox, el PSIB ha subrayado que no existe ningún precepto legal o reglamentario que recoja esta cuestión y que es un tema que entra en el marco de usos y costumbres. «La supuesta neutralidad del órgano de dirección del Parlament tiene que ser circunscrita exclusivamente a sus decisiones y actuaciones formales, pero no afecta a la simbología, vestimenta u otras expresiones visuales que puedan utilizar individualmente sus miembros, por el hecho que no rompe el normal funcionamiento de la institución», apuntan. De este modo, a su parecer, una interpretación distinta supondrái «restringir el derecho a la participación política y el derecho a la libertad de expresión».
Por ello, las socialistas y miembros de la Mesa insisten en que exhibir imágenes de las víctimas del franquismo no influye en las decisiones formales ni altera el orden del debate. Además, agregan, teniendo en cuenta que Aurora Picornell es hija predilecta de Mallorca. El PSIB ha asegurado que en legislaturas anteriores se ha dado la exhibición de imágenes en diferentes formatos por parte de los miembros de la Mesa sin ninguna reprobación.
Para los socialistas, la neutralidad de la Mesa se pierde por parte de Le Senne, con una decisión «parcial y vinculada a su posición ideológica». Por último, el escrito recoge los «diferentes posicionamientos» del presidente de la Cámara en un mismo hecho, puesto que las diputadas llevaron las mismas camisetas en el pleno del 20 de junio y no hubo ningún problema, han remarcado. Con todo, han advertido que si la vulneración de los derechos de las socialistas no es reconocida, se verán «obligadas» a recurrir al Tribunal Constitucional para defender sus derechos. El otro escrito, dirigido a la Junta de Portavoces, pide la convocatoria de este órgano para que se declare la «improcedencia e inadecuación» de la actuación de Le Senne.