Las administraciones de Baleares han construido 27.546 viviendas que compraron otras tantas familias que en muchos casos han terminando haciendo negocio con unos pisos que se pagaron con dinero público. Son todas las viviendas de protección oficial o equivalentes que se compraron a una precio subvencionado y que hasta el año 2018 se podían vender después libremente pasado un plazo de tiempo.
Para muchos de estos compradores, la operación fue un fabuloso negocio inmobiliario: compraron unas viviendas a precio por debajo del mercado subvencionadas con ayudas públicas con los impuestos de todos los ciudadanos y las pudieron vender unos años después en el libre mercado con unas magníficas plusvalías. Para la Administración, la operación le ha supuesto descapitalizarse y perder un parque público de viviendas que ahora podría seguir regulado a precio más asequibles que los de mercado.
Cambios legislativos
Hasta el año 2018, fecha en la que el socialista Marc Pons logró sacar adelante la primer Ley de Vivienda de Baleares, las VPO se podían vender en el mercado libre, sin limitaciones al precio, pasados 30 años desde su construcción. Ya se había modificado la regulación en la época de Francesc Antich porque algunas de las promociones que se construyeron en la época de Jaume Matas podían venderse pasados tan solo 10 años.
Los últimos datos de cómo está este parque de viviendas pública son del año 2023 e indican que, de esas más de 27.000 viviendas que ha perdido el Govern, un total de 10.427 todavía no han cumplido los 30 años que marca la ley para poder venderse. Es decir, que ya se ha perdido a titularidad efectiva de unas 17.000 y en breve se perderá la de esas otras 10.000. Una descapitalización inmobiliaria en toda regla.
El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de propone un cambio legislativo para blindar de por vida la vivienda que se construye con fondos públicos y que no se puedan vender nunca en el mercado libre. Lo anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una comparecencia en el Congreso de Diputados esta misma semana.
El blindaje
La ministra solicitó a las comunidades autónomas sumarse a la medida, aunque indicó que la Ley de Vivienda da «otros instrumentos» al Gobierno que permite hacer viable esta propuesta. También lamentó que la descalificación de viviendas durante los años del boom haya provocado que hoy no se pueda contar con un parque público.
Sin embargo, en este asunto, como en otras en materia de vivienda, Baleares ya fue pionera. Las Islas no podrán sumarse a la petición de la ministra porque esa medida ya se aplica. En esa ley de 2018 ya se estableció que todas las nuevas VPO que se construyan a partir de esa fecha tendrán esta consideración de por vida. No pasan nunca al mercado libre y si un propietario quiere venderlas debe hacerlo a un precio marcado previamente por la Administración y además el Govern tiene el derecho de compra preferente.
En ese año se decidió, además, cambiar la filosofía de construcción de lo que se conoce como VPO, es decir, la vivienda subvencionada: durante años se apostó por la construcción de vivienda para la venta a los propietarios, pero ahora la apuesta es construir para alquilar de forma que el Govern mantenga el patrimonio de lo construido con fondos públicos.
El Govern de Marga Prohens ha anunciado que prepara una nueva Ley de Vivienda, pero parece muy poco probable que se modifique este punto. La presidenta del Ejecutivo balear ha ido dando pinceladas de por dónde irá la estrategia en esta nueva ley, pero siempre se ha apuntado que el objetivo es impulsar medidas contra la okupación. En estos momentos, la otra gran pregunta es sí, además, el Govern de las Islas aprovechará para introducir alguna modificación en asuntos como la expropiación de pisos a los grandes tenedores.
Inmuebles subarrendados o alquilados a los turistas
El anterior Govern presidido por Francina Armengol puso en una marcha un plan de inspecciones para vigilar que los pisos subvencionados se destinan al objeto que marca la ley. Deben ser la residencia habitual del propietario y, si se alquilan a terceras personas, tienen que hacerse a precios estipulados por el Govern. Esa fue una de las infracciones más comunes detectadas durante los meses en que se hicieron las inspecciones. Los inspectores de la Conselleria llegaron a detectar que algunas de estas viviendas compradas con ayudas públicas se destinaban al alquiler turístico.
El actual Govern también mantiene las inspecciones en materia de vivienda y la mayor parte de las infracciones que ha detectado tiene que ver con el alquiler de infraviviendas, como la del policía municipal, que tenía todo un bloque de viviendas alquilado en condiciones infrahumanas. El actual Govern impuso multas millonarias por este caso tras una denuncia de un inquilino.
Punto de vista
No son para hacer negocio
Josep Pons FragaEl Govern impuso el año pasado sanciones que suman 17 millones de euros a bancos y fondos buitre por infringir la Ley de Vivienda. El fraude más habitual consiste en no informar al Ejecutivo de la venta a terceros de viviendas de protección oficial. Pero no sólo incumplen esta ley determinadas entidades financieras, también hay ciudadanos pícaros y muy espabilados. Quien recibe ayudas públicas para comprar un piso protegido no puede hacer negocio después. Hay que blindar estas edificaciones para evitar su especulación.