En los 40 años que dura la historia democrática de Baleares, solo hay una legislatura en la que no se construyó vivienda pública en Mallorca: se hicieron VPO o equivalentes en los mandatos de Gabriel Cañellas, de Francesc Antich y de Jaume Matas. Se hicieron en el mandato de Francina Armengol, muy pocos en la primer legislatura, pero con un impulso especialmente en la segunda legislatura, y ahora se ha anunciado la continuación de estos proyectos y la ampliación con otros nuevos durante el mandato de Marga Prohens. El único presidente que no sacó vivienda pública al mercado en la Isla fue José Ramón Bauzá. Sus cuatro años como presidente fueron un lienzo en blanco en materia de vivienda. Sus colaboradores señalan que sí se entregaron algunas promociones en la isla, pero todas venían de la legislatura anterior. Sí se hizo una promoción en Formentera.
Además de no construir, parte del suelo público de Palma que se podía destinar a la construcción de pisos se vendió. Una de estas ventas fue especialmente simbólica porque aquel solar en el que debían levantarse viviendas a precio tasado para residentes es ahora el espacio sobre el que se levanta uno de los hoteles de lujo de Palma. Sobre el solar pesaba una deuda y el banco amenazó con ejecutarla. El Goven optó por venderlo.
Situación de bancarrota
Bauzá se encontró con una situación financiera de la Comunitat que habría supuesto la quiebra en una empresa privada. Llegó en 2011, tres años después de que estallara el escándalo del banco Lehman Brothers. El boom inmobiliario de los años precedentes estalló en una bomba inmobiliaria que dejó a miles de ciudadanos desahuciados. Bauzá no tenía dinero, pero tenía suelo, así que lo vendió porque era una de las pocas vías para conseguir ingresos con los que pagar deuda a los proveedores. De ahí que la actual oposición reitere que no es que no hiciera ni una vivienda, sino que su saldo en la materia es negativo porque se perdió un solar para ello. No detalla que el agujero económico que dejó Francesc Antich fue monumental.
En cualquier caso, con unos y con otros la historia de la vivienda publica en Baleares es el relato de un gran fracaso. El Ibavi es el propietario de 2.362 pisos que gestiona en régimen de alquiler, un insignificante 0,3 % de toda la vivienda que hay construida en Baleares, más de 625.000 inmuebles. A estas cifras hay que añadir las que son propiedad de los ayuntamientos, pero no se llega al 2,5 % de media de España. En los Países Bajos, un 30 % de las viviendas son protegidas y la media de la UE está en el 9,3 %.
Balears es uno de los territorios del Estado con menor porcentaje de vivienda pública y es, al mismo tiempo y paradójicamente, la comunidad donde es más cara comprar o alquilar un piso. No hay vivienda publica porque los gobiernos que construyeron viviendas, desde Cañellas hasta Antich, lo hicieron para destinarla de forma mayoritaria a la venta y no al alquiler, por lo que la Administración ha ido siendo enajenada hasta sumar esos 27.000 inmuebles que se perderán. La tendencia se cambió en la pasada legislatura, donde comenzó a construirse más para alquilar.
En todos estos años en los que se ha construido muy por debajo de las necesidades, la apuesta de las administraciones era crear más suelo para tratar de abaratar el precio de la vivienda. Esa fue la filosofía de las reservas estratégicas de suelo que se pusieron en marcha durante el segundo mandato de Francesc Antich. Supusieron el cambio de planeamiento de miles de metros cuadrados en los que se iban a construir unos 5.000 viviendas. Se hicieron algunas, pero sobre algunos de estos espacios pesó la denuncia de pelotazos, como en el caso de Son Bordoy.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, acaba de aprobar un plan de medidas urgentes en materia de vivienda, con las que calcula que saldrán al mercado hasta 7.000 pisos, la mayoría en alquiler. Pero, en el debate de política general, también habló de la necesidad de sacar más suelo al mercado y mencionó aquel programa de Francesc Antich.
La Marga es como el Joserra peró con falda.