Siete comunidades autónomas, lideradas por Baleares, han solicitado al Consejo Interterritorial de Salud que se aborde con urgencia la renovación del convenio sanitario con MUFACE, la mutualidad que brinda cobertura médica a más de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios en España. De no alcanzarse un acuerdo, los servicios de salud públicos deberán asumir la asistencia de este colectivo, lo que tendría un gran impacto en las infraestructuras, presupuestos y listas de espera.
El reclamo de las autonomías
La Conselleria de Salut de Baleares, junto a sus pares de La Rioja, Murcia, Cantabria, Madrid, Castilla y León y Extremadura, han enviado una misiva al Consejo Interterritorial de Salud para que se incorpore en la agenda de la próxima reunión del lunes la problemática derivada de la no renovación del concierto con MUFACE. Solicitan que se inste «al Gobierno a licitar con máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios un nuevo concierto» que cuente con la dotación económica necesaria para garantizar una asistencia de calidad.
Impacto en los sistemas sanitarios
De no alcanzarse un acuerdo, los servicios de salud de las comunidades deberán asumir la atención de 1.103.292 funcionarios y sus 434.409 beneficiarios, un total de 1.537.701 personas protegidas según datos de MUFACE de 2023. La consellera de Salut de Baleares, Manuela García, advirtió que esto tendría importantes repercusiones, no solo económicas sino también en espacios, infraestructuras, presupuestos y una mayor tensión en Atención Primaria, hospitalaria y listas de espera.
«Una entrada súbita de un volumen de pacientes importante significa mucha mayor afluencia en cada centro de salud, en cada hospital, nuevas consultas, nuevas operaciones quirúrgicas», señaló.
Negociaciones y movilizaciones
En diciembre de 2022, MUFACE consideró insuficientes las propuestas de las compañías para justificar un aumento de primas. Si bien el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se comprometió a publicar una nueva licitación antes de fin de 2024, esto no convenció a los representantes de los beneficiarios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lideró protestas, presentó quejas ante el Defensor del Pueblo por retrasos y suspensiones de citas médicas, y convocó a nuevas manifestaciones para defender el derecho a la atención sanitaria de los funcionarios y sus familias.
Contexto del mutualismo administrativo
El modelo de MUFACE, creado en 1975, brinda a los funcionarios civiles del Estado la opción de elegir entre recibir asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud o de compañías privadas concertadas. Este régimen especial se financia con aportaciones del Estado y cotizaciones de los mutualistas.
Actualmente, alrededor del 80 % de los beneficiarios optan por la sanidad privada. La sostenibilidad y solvencia de este esquema depende de alcanzar convenios que satisfagan las necesidades de los funcionarios y sus familias, así como de contar con una dotación presupuestaria adecuada por parte del Gobierno.