La atención sanitaria de más de 18.000 funcionarios del Estado en Baleares está en el aire por la crisis de Muface, ya que ningunda aseguradora quiere hacerse cargo de este servicio. El plazo finaliza el 15 de enero y Adeslas ya ha anunciado que no se presentará a la segunda licitación del concierto para el periodo comprendido entre 2025 y 2027, pese al incremento del 33,5 % de las primas anunciado por el Gobierno; ha argumentado que perdería 250 millones de euros.
Por su parte, Asisa y DKV continúan analizando el nuevo pliego para la asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface. Sin embargo, la cuenta atrás ya ha empezado y la tensión entre los trabajadores públicos afectados y el sistema de salud balear es máxima, ya que de repente tendría que dar cobertura sanitaria a 18.000 personas más.
Listas de espera
La consellera de Salut, Manuela García, advierte que asumir a los funcionarios de Muface tendría «importantes repercusiones en la sanidad pública balear». En este sentido, expresa su preocupación por la repercusión que tendría en las listas de espera. «Una entrada súbita de un volumen de pacientes importante, significa mucha mayor afluencia en cada centro de salud, en cada hospital, nuevas consultas, nuevas operaciones quirúrgicas… es indudable que tendría un impacto muy significativo sobre las listas de espera».
Esta opinión es compartida por el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Baleares, Carles Recasens. «Asumir a los 18.000 funcionarios de Muface en Baleares aumentará las listas de espera y mermará la calidad de la sanidad pública balear». No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad, ya que considera que «el sistema de salud público balear no colapsará», aunque insiste en que su calidad sí empeorará. En este sentido, argumenta que no entró en colapso en la pandemia de la COVID-19, por lo que cree que podrá asimir la cobertura de los servicios que pueden demandar los funcionarios a los que hasta ahora da cobertura sanitaria Muface. Además, añade que está acostumbrado a «oleadas cíclicas por la llegada de turistas. «El sistema sanitario de las Islas ya está tensionado, ya que tiene una gran demanda que ha ido en aumento y hay una dalta de trabajadores. Por tanto, añadir 18.000 tarjetas sanitarias lo sobretensionará aún más», expone.
Fin del servicio
Cabe recordar que Adeslas envió una carta el pasado mes de diciembre a sus asegurados en la que les comunica que el próximo 31 de enero dejará de prestarle servicio. Sin embargo, el secretario de la administración general del Estado de UGT en Baleares, Fernando Martorell, advierte que eso no es posible, que la ley establece que la cobertura médica de los funcionarios debe estar cubierta en los nueve meses posteriores a la finalización del contrato. Por tanto, en este caso concreto lo estaría hasta septiembre de 2025. No obstante, Martorell reconoce que no tendría por qué hacerlo Adeslas, sino que podría llevarlo a cabo el consorcio. «Como nunca hemos vivido esta situación no sabemos como se hará, pero tiene que quedar muy claro que la asistencia sanitaria de los funcionarios está asegurada», recalca. Pese a ello, la preocupación de los trabajadores públicos es máxima, especialmente la de aquellos que en estos momentos están recibiendo un tratamiento médico, por ejemplo, relacionado con el cáncer u otras patologías en las que la propia vida está en peligro.