Hasta un total de 37 asentamientos ilegales se reparten en la actualidad por Palma. Algunos, en los lugares más recónditos; otros, a plena vista. La cifra se ha triplicado en los últimos años, coincidiendo con la crisis habitacional que sacude Mallorca, y las estimaciones oficiales apuntan a que más de un millar de personas malviven en estos enclaves, en condiciones higiénicas y sanitarias deplorables. Ultima Hora ha tenido acceso en exclusiva al censo de la marginalidad palmesana, que revela un drama de dimensiones insospechadas.
En los datos oficiales del IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) y los servicios sociales municipales se incluye el número de personas que residen en cada asentamiento. Sin embargo, en fuentes policiales matizaron que la rotación de los marginados es muy alta y que a esas cifras habría que sumarles «al menos un 50 % más de afluencia». Un ejemplo es la antigua cárcel de Palma, ubicada en la carretera de Valldemossa, donde el listado oficial al que ha tenido acceso este periódico apunta que está ocupada por «sesenta o setenta personas aproximadamente».
La policía, en cambio, tiene controlados a un total de 98 inquilinos y cree que la cifra real podía ascender hasta los 250. Ese es, a día de hoy, uno de los lugares más masificados por los sintecho de la capital. En cualquier caso, sus días allí están contados, ya que el Ajuntament ha decidido derribar los edificios colindantes que están abandonados y que en su día pertenecieron a los funcionarios de prisiones.
El futuro de las familias y particulares que ahora viven en esos bloques es toda una incógnita, y en la barriada temen que se reubiquen en un parque próximo, donde ya hay algunas tiendas de campaña, o en los aledaños de la vía de cintura, bajo los puentes.
Otro punto caliente son los alrededores del cementerio de Palma. En el asentamiento del anfiteatro del parque de sa Riera hay censadas una veintena de personas, a las que se suman otra decena junto al descampado que hay junto al camposanto. Con todo, la realidad es que el número es muy superior: «Por aquí, según qué semana, hay más de cincuenta indigentes», explica una fuente municipal de los servicios sociales, que añade: «Siguiendo el cauce del torrente hacia el norte, en dirección a la rotonda de Secar de la Real, hay otro asentamiento, en la zona del Riskal. Está en medio de un bosquecillo y en poco tiempo han construido casetas con madera y plásticos».
En el listado llama la atención que uno de los asentamientos se ubica en pleno aeropuerto de Palma, donde el censo de la marginalidad los cifra en 40 mendigos. Otro de los puntos con mayor presión demográfica es el de la vía de cintura, a la altura de la curva hacia la autopista del aeropuerto, donde ya viven 100 personas, en unas construcciones ilegales: «Es una imagen lamentable para los miles y miles de turistas que pasan por ese tramo para coger su avión», destaca otra fuente municipal.
Caso aparte es el vertedero ilegal de Son Guells, que la Guardia Civil tomó en 2021 porque se llevaban a cabo actividades mafiosas y se almacenaba una cantidad inmensa de basura y neumáticos. La casa abandonada y los alrededores fueron descontaminados y las toneladas de escombros fueron tratados. Ahora, sin embargo, la finca vuelve a aparecer en el listado del IMAS, que cifra en 51 ocupantes los residentes ilegales de la posesión.
Hay indicios policiales de que algunos clanes gitanos cobran por permitir que los camiones con escombros descarguen en aquellas tierras, a cambio de una determinada cantidad de dinero, que siempre es inferior a la que se cobra por el tratamiento oficial de escombros. También aquí la estadística oficial choca con la real: «Puede haber tranquilamente un centenar de personas o más en la casa grande y los alrededores», contó el viernes un investigador de la Benemérita, que añadió que el Seprona está al tanto de la situación.
El número de asentamientos ilegales en Palma, cifrado ahora en 37, es prácticamente el triple del conocido hace algunos años. Desde final de la pandemia la situación económica de muchas personas se ha complicado dramáticamente y un elevado número han acabado en la indigencia, sobreviviendo en casetas, tiendas de campaña o en casas abandonadas. Un ejemplo es una posesión del Camí de sa Vileta, al final de la calle, ya en Son Puig esquina con Son Xigala.
La dueña del caserón, que estaba en estado ruinoso, murió y al poco tiempo fue ocupado por un grupo de rumanos que antes vivían en el polígono de Can Valero, junto al cauce de sa Riera. La finca cuenta con un amplio terreno y las autoridades han confirmado que en ocasiones se instalan tiendas de campaña. «Son los contrates de Palma, que cada vez son más habituales: enfrente del caserón ocupado y en ruinas, que no tiene ni luz ni agua, se está construyendo una promoción de pisos de lujo, que dicen que saldrán a la venta por un millón de euros», señala una fuente del cuartel de San Fernando.
Por barriadas, prácticamente en toda la ciudad hay constancia de enclaves ilegales, más o menos numerosos. En Cas Capiscol, por ejemplo, la presencia de sintecho es abrumadora. También en Can Pastilla, en los alrededores de la calle Noria, han crecido casetas insalubres. Lo peor es que las perspectivas no son muy esperanzadoras: «Si ahora estamos así, imagínese en unos años», desliza una fuente de los servicios sociales.
Este es el resultado de aplicar una política de fronteras abiertas, y ojo que esto recién comienza, de aquí a unos años veréis el resultado de este buenismo desmedido. Una buena iniciativa sería que se abra un registro para que los progres pro ilegales adopten familias que viven en chabolas y las lleven a sus pisos a vivir, a ver cuántos se apuntan... A disfrutar de lo votado.