Un total de 36 policías locales de Palma absueltos en el ‘Caso Cursach’ presentaron el viernes por la tarde una denuncia en el juzgado de guardia contra un letrado de la Administración de Justicia destinado en la Audiencia por supuesta prevaricación por un «retardo malicioso» durante años de trámites judiciales para beneficiar, supuestamente, al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán. En el escrito se sostiene que «presuntamente, el denunciado actuó por indicaciones de los magistrados del TSJIB Antoni Terrasa, Antoni Monserrat y Carlos Gómez».
Entre los denunciantes hay agentes municipales, mandos intermedios y también comisarios del cuartel de San Fernando. Todos ellos vivieron un calvario judicial y fueron imputados, detenidos o encarcelados a pesar de ser inocentes. El documento, presentado por el abogado Vicente ‘Coco’ Campaner y al que ha tenido acceso en primicia Ultima Hora, aclara que «no se denuncia en este escrito a los tres magistrados por su condición de aforados».
Y añade: «Los indicios racionales de criminalidad de su presunta participación en los hechos se fundamentan en que todos ellos han intervenido en procedimientos judiciales contra los miembros del ‘Cartel de la Toga’ (refiriéndose a Penalva, Subirán y el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional) y han dictado, presuntamente, resoluciones injustas a sabiendas de que lo hacían con el propósito de protegerlos, tal y como se detalla con pruebas audiovisuales en la querella criminal ante el Tribunal Supremo».
La denunciada prosigue que: «Con fecha día 22 de diciembre, la Sala dictó la sentencia número 498/2022 en la que absolvió a todos los acusados (del 'caso Cursach) con base en dos motivos: En primer lugar, porque las acusaciones retiraron los cargos contra todos, lo que resultaba suficiente para la absolución. En segundo lugar, porque las magistradas, al valorar la prueba practicada, concluyeron que no existieron hechos con apariencia delictiva».
A continuación, detalla que «la sentencia ordenó deducir testimonio contra los investigadores de la instrucción (el exjuez Manuel Vicente Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los ex agentes de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, Ivan Bandera, Blanca Gallego y José Luis Reguera) por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia y coacciones».
Una vez que la sentencia fue notificada a las partes intervinientes en el proceso, éstas realizaron distintas acciones: «En ese contexto, el Letrado de la Administración de Justicia, encargado de la tramitación del citado procedimiento abreviado en ejecución de un plan preconcebido ha omitido intencionada y maliciosamente sus obligaciones profesionales, con el fin ilegítimo de retrasar la investigación judicial».
La denuncia recalca que «se ha negado a dar el debido impulso al proceso» y que «permitió la tramitación de un recurso presentado fuera de plazo a pesar de tener conocimiento de su extemporaneidad».
La Dolores y el relato de lo absurdo y la mediocridad del corporativismo.