La inversión en la construcción en Baleares crece un 21,5 % en 2024 y se prevé que siga así

Construcción en Baleares

Construcción en Baleares. Imagen de archivo. | Redacción Menorca

| Palma |

La inversión total en el sector de la construcción en Baleares en el ejercicio de 2024 alcanzó los 2.519 millones de euros, un aumento del 21,5 %, y la previsión para este año es que esta actividad continúe al alza. Estos buenos resultados responden principalmente a la inversión privada de 1.757 millones de euros, un aumento del 10,6 %, mientras que la pública creció un 57,1 % (762 millones) tras el desplome sufrido en 2023. Si en el año 2007 se visaban 15.000 viviendas anuales, desde 2009, hace 14 años, no se llega a las 4.000.

La Asociación de Constructores de Baleares ha realizado este jueves balance del año 2024 y ha informado de sus expectativas para 2025. Las cifras de 2024 confirman la tendencia de los últimos años, ha declarado el presidente de esta asociación, Climent Olives, quien ha expuesto que, a pesar de aumentar en 2024 a 3.658 las viviendas proyectadas (+11 %), aún se está lejos de la «cifra óptima» de 6.000 viviendas anuales para atender la demanda y reducir el déficit acumulado, que en 2023 fue de 35.000 unidades. Por islas, la inversión privada aumentó sobre todo en la Pitiusas, un 14,6 %, impulsada por la inversión hotelera, en Mallorca fue del 10 % y un 3,7 % en Menorca. Por tipología de vivienda, en Baleares se visaron el año pasado 2.067 viviendas plurifamiliares, una subida del 18 % y la unifamiliar se cifró en 1.591, un 7,3 % más.

En Mallorca se visaron 2.708 viviendas con una subida del 16 %, que en Menorca fue de 265 (+63 %) y 685 en las Pitiusas, lo que supuso una caída del 14 %. En cuanto a las viviendas de protección oficial (VPO), el colegio de arquitectos visó 62 (+32 %), todas en Mallorca, un aumento «insuficiente» para atender la demanda actual, ha subrayado Climent, que ha defendido que se incremente la construcción de vivienda social y la colaboración público-privada a través del programa 'Construir per Llogar'. En cuanto a las cifras de inversión en turismo, se produjo una inversión de 269 millones, un aumento del 54,7 % respecto al año 2022. Respecto a la ocupación, en 2024 se superaron los 61.000 empleados, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2008, sin embargo este sector vive un «grave problema» para encontrar mano de obra cualificada, ha reseñado Climent.

En este contexto, ha reclamado la colaboración directa con el SOIB para que los 3.500 parados registrados a día de hoy se puedan incorporar a las empresas, que tienen muchas dificultades para que atraer personal de la Península por el problema de la carestía de los alquileres. Durante su comparecencia, el presidente de los constructores ha incidido en que la falta de suelo residencial finalista es la principal causa en Baleares del problema de la vivienda. «Lo que decimos es muy sencillo: el poco suelo residencial que tenemos, hay que aprovecharlo al máximo porque la única forma de que bajen los precios es poner más oferta en el mercado», ha considerado.

En su opinión, la rehabilitación es «muy importante», pero «no es viable» para conseguir sacar al mercado viviendo a precios asequibles porque el coste de la obra es mayor que la vivienda nueva. Los constructores piden «urgentemente» volver al modelo de la contratación pública anterior al año 2015, cuando existía un mecanismo de estabilización de los contratos, como la revisión de precios. Se trataba de un modelo que recogía de manera fidedigna los sobrecostes y las rebajas de precios de materiales y energía.

Respecto a la agilización de las demoras crónicas en la concesión de licencias de obras municipales, esta asociación cree «fundamental» que los consells insulars creen registros para que puedan operar en Baleares las Entidades de Colaboración Urbanística y que después los ayuntamientos hagan uso de ellas. Finalmente, también piden que se continúe el proceso de digitalización y que las administraciones públicas reduzcan la burocracia e unifiquen los trámites. Además, también solicitan que los organismos públicos cumplan con los plazos establecidos por ley para responder a las peticiones que formulan particulares y empresas.

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