Los propietarios de viviendas que las dediquen ilegalmente al alquiler turístico se enfrentan a partir de ahora a multas de hasta 500.000 euros si la autoridad turística considera que han cometido una falta muy grave. La norma ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y el resultado es un aumento generalizado de las multas para quienes incumplan la ley impunemente. Las infracciones leves irán desde la advertencia a la multa de hasta 5.000 euros; las graves, de 5.001 a 50.000 euros, y las muy graves, de 50.001 a 500.000 euros.
Las cuantías son un 25 % más elevadas que hasta ahora y, para la gravedad de la sanción, se tendrán en cuenta circunstancias añadidas como el hecho de que sea una sanción reiterada, que la actividad se desarrolle en suelo rústico protegido o que la actividad ilegal se desarrolle en una vivienda sometida a limitación de precio, es decir en una vivienda de protección oficial.
Como novedad, la ley establece que, en determinados casos, los propietarios sancionados podrán obtener una rebaja de hasta el 80 % de la sanción si destinan su vivienda al alquiler social o al alquiler de precio limitado. En este caso, el beneficiado de las rentas del alquiler será la Comunitat Autònoma. El Govern asegura que esta medida está enfocada a aflorar vivienda ante la emergencia residencial.
En estas medidas contra la oferta ilegal de alojamiento turístico, la ley permite establecer acuerdos con los ayuntamientos o con el Gobierno de Pedro Sánchez para que la Policía Local, la Policía Nacional o la Guardia Civil puedan colaborar en las tareas de inspección turística y sobre todo en la lucha contra la oferta ilegal, otra de las grandes novedades de la ley. Los portales comercializadores tendrán la obligación de exigir el número de registro del alojamiento que comercializan y se responsabilizan de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras, tipo AirBnB y Booking, entre otras.
Por otro lado, la ley reactiva el intercambio de plazas entre particulares –sin crecimiento de plazas– y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda exclusivamente para uso residencial. No se crean plazas, pero de facto se incorporan 90.000 que tenían licencia, se comercializaban legalmente, pero quedaban fuera del intercambio de plazas, lo que las dejaba en un limbo legal. Con la nueva ley entran de lleno en el sistema a la espera de que los Consell fijen su techo de plazas y capacidad de carga para levantar la actual moratoria de plazas en vigor.
Mientras tanto, se crea una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de estas y evitar su decrecimiento, lo que ‘de facto’ supone el fin de la moratoria. Esta doble bolsa de plazas se creará a través de las que se den de baja de establecimientos hoteleros obsoletos o las que surjan de la depuración de plazas de alquiler que lleven inactivas tres años.
El turista al hotel que es lo que corresponde. El alquiler vacacional tanto legal como ilegal, tanto en pisos como en casas es el mal de la isla. Aquí no hay interés alguno de prohibirlo, ni lo habrá. Los extranjeros compran al precio que sea , lo disfrutan de enero a marzo, luego alquilan y saben que en un par de anos no sólo se ha abonado lo que invirtieron en la compra, sino que encima le da unos beneficios de los cuales vivir, y los mallorquines alquilan porque vivir del sol, del clima y de las playas de todos es la forma más cómoda desde su salón de enriquecerse, y luego son los primeros en quejarse de la masificación, del ruido y de que se está perdiendo" nuestra identidad".