«Tengo casa, pero he tenido que alquilar una habitación porque mi inquiokupa se niega a marcharse». Este es el duro testimonio de Toñi Lorenzo, que lleva meses intentando recuperar su piso en Palma. Lo necesita para vivir y ya se han cumplido los requisitos establecidos por ley para que puede recuperarlo. El problema es que la inquilina no se va.
«Estoy en una situación muy complicada. Vivo con un amigo, que me ha acogido en su casa, pero tengo que irme y necesito mi vivienda para vivir. No tengo otra alternativa», expresa Toñi. En diciembre de 2023 arrendó su casa a una señora, pero tomó todas las precauciones por si tenía que recuperar su piso. «Incluí expresamente una cláusula que me permite recuperar la casa en caso de necesidad, tal como prevé el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos».
En concreto, este artículo establece que si el arrendador necesita recuperar su vivienda para convertirla en su residencia habitual, puede hacerlo, siempre que esa posibilidad se haya reflejado por escrito en el contrato, como fue el caso de Toñi. «Aun así, los inquilinos se niegan a marcharse».
Esta palmesana tiene muy claro que «no volveré a alquilar mi casa si dejo de necesitarla. Esta experiencia ha sido una pesadilla y no quiero volver a pasar por algo así. Me he quedado sin casa, sin ingresos estables y sin herramientas efectivas para recuperarla de forma rápida. Al contrario, la ley muchas veces protege al que incumple y deja desamparado al que actúa de buena fe. Y eso no puede ser justo».
Los problemas de Toñi comenzaron en los primeros meses de tener alquilado su piso. «Al poco tiempo dejó de pagarme con regularidad y empezó a amenazarme con supuestos hijos menores para acogerse a la ley del menor y evitar el desahucio. Lo cierto es que en ningún momento tuve constancia de esos hijos. Básicamente, se acoge a lo que cree que la ley le permite para alargar su estancia, sin pagar de forma regular, y seguir ocupando una vivienda que no es suya».
Además, denuncia que «me están destrozando mi vivienda y no puedo hacer nada más que esperar el procedimiento judicial. Y encima, la legislación no me lo pone fácil». Esta propietaria confiesa que «anímicamente lo estoy pasando fatal. Esta incertidumbre, el desgaste emocional, el no saber cuándo podré volver a mi casa... todo eso me está afectando mucho. Me supone muchísimo estrés y angustia».
Esta situación le está causando importantes problemas económicos, ya que a la incertidumbre que le genera la irregularidad en los pagos, hay que añadir los gastos en la contratación de un abogado que le ayude para poder recuperar su casa. «La arrendataria ha incumplido en varias ocasiones sus obligaciones y eso me ha obligado a buscar asesoramiento legal. Y lo más preocupante es que ahora no quiere respetar la cláusula del contrato que establece que, una vez transcurrido el primer año, puedo recuperar la vivienda si la necesito para vivir, que es precisamente mi caso. Es frustrante, porque tomé las precauciones legales necesarias desde el principio, y aun así me encuentro atrapada en esta situación injusta».
Toñi no entiende cómo su inquilina le puede estar haciendo esto y advierte que «esta negativa a salirse del piso tiene consecuencias económicas muy graves para ellos: tendrán que asumir las costas del procedimiento judicial, los honorarios de los abogados y procuradores que intervienen, los intereses legales acumulados y otros gastos derivados de que yo no pueda usar mi propia casa y me vea obligada a vivir fuera de ella».
«En definitiva, esta situación me está afectando muchísimo. No quiero verme envuelta en un proceso largo y costoso, pero si no me queda más remedio, iré hasta el final. No puedo permitirme seguir sin mi casa mientras otros la okupan sin ningún derecho», concluye.
OKUPAS=DELINCUENTES