En España existen 3.963 macrogranjas, entendiendo como tales las instalaciones de cría y engorde intensivo de aves de corral y cerdos con alta densidad de animales. Son el 16 % de las que hay en toda Europa y se espera que el fenómeno vaya a más. Aunque no hay una cifra exacta estipulada se consideran macrogranjas aquellas destinadas a la producción avícola de 160.000 gallinas o más y de cerdos con 2.000 cabezas porcinas de engorde o más.
La mayoría de estas instalaciones están concentradas en Cataluña, Aragón, las dos Castillas y Murcia, aunque poco a poco se van extendiendo a otras regiones. Mallorca sabe por experiencia que ningún territorio está libre de su impacto. Desde el pasado mes de mayo está prohibida por ley en las Islas Baleares la instalación de nuevas explotaciones ganaderas de aves de corral para 160.000 gallinas ponedoras o más. Para el resto se establecen distancias mínimas desde las granjas hasta las poblaciones más cercanas: de 2.000 metros en el caso de instalaciones de 20.000 gallinas, de 4.000 en el caso de 40.000 y de 6.000 en el caso de 80.000 aves de corral.
El Govern aprobó por la vía de urgencia esta nueva regulación ante el proyecto de instalación de una macrogranja para 750.000 gallinas ponedoras en la finca de Son Vanrell en Sineu. Preveía producir 156 millones de huevos al año. Tras salir a exposición pública la propuesta, el pueblo y las entidades ecologistas estallaron hasta forzar a la administración a tomar cartas en el asunto. Pero, ¿Ha quedado Baleares realmente libre de macrogranjas?
Lo cierto es que la nueva legislación autonómica prohíbe las macrogranjas avícolas, pero no las de cerdos. De hecho el promotor de la primera macrogranja de gallinas en Sineu presentó un segundo proyecto para hacer en su lugar una macrogranja porcina, proyecto que acabó retirando ante la presión vecinal.
El sector ganadero de las Islas está dividido entre los que abogan por no aprobar nuevas normativas que puedan afectar al sector ganadero de Baleares y aquellos que temen que, a falta de una prohibición específica, las macrogranjas de cerdos, acaben llegando a Baleares.
Martí Solivellas, presidente de la Cooperativa Payesa de Pollença, es de este último grupo. «Es posible que a medida que se van expandiendo por el territorio, acabe llegando algún proyecto a Baleares, porque al principio solo estaban en Cataluña pero se han ido extendiendo», avisa.
Joan Company, presidente de Asaja, es de la corriente opuesta. «Al final las macrogranjas buscan ganar dinero y para ganar dinero aquí, hay que tener en cuenta que tenemos un sobrecoste de entre un 30 y un 40 % debido a la insularidad». «Venir a Baleares significaría producir un 40 % más caro y vender al mismo precio», dice Company.
Aunque reconoce que «legalmente es posible» la implantación de macrogranjas de cerdos en las Islas, cree que «las probabilidades de que ocurra son de un 1 %». Por eso no es partidario de aumentar la legislación autonómica que regula el sector ganadero.
¿Por qué se presentó entonces el proyecto de la macrogranja de Sineu? ¿Es mayor la probabilidad de que llegaran macroinfraestructuras avícolas que ganaderas?
«Hay que tener en cuenta que el promotor de la granja de gallinas era de aquí, no vino de fuera. Los productores de cerdos de Baleares no se meterán en algo as, porque los números no salen, no encuentran ganaderos y el tamaño de las fincas es aquí mucho menor que en la península», opina Company.
A pesar del anuncio frustrado de la macrogranja de cerdos en Sineu, apela al «sentido común» que desde su punto de vista pasa por «no poner más normas que las estrictamente necesarias». «Si tienes balsas estancas y una buena gestión del estiércol no toca haber contaminación con la legislación actual en la mano», concluye.
Una cuestión de justicia
Los ecologistas y vecinos de las inmediaciones de las macrogranjas (dentro y fuera de Mallorca) llevan tiempo advirtiendo sobre los perjuicios que la instalación de estas infraestructuras tienen sobre el medio ambiente y muy especialmente sobre los recursos hídricos, por la contaminación que provocan los nitritos de los purínes (líquido formado por las orinas de los animales y lo que rezuma del estiércol). Lo que hasta ahora era un clamor popular es desde hace unas semanas una cuestión de justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado una sentencia pionera que condena a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por permitir que se vulnere el derecho fundamental a la salud. Considera probada la contaminación del embalse de As Ochas por la «inactividad» de ambas administraciones. «Pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no fueron capaces de poner remedio alguno», dice la sentencia.
El caso al que se refiere es el de una macrogranja porcina que acabó contaminando el embalse de As Conchas y su entorno. En un auto sin precedentes obliga a las administraciones a adoptar «inmediatamente» las medidas necesarias para que «cesen los olores y la degradación ambiental» en el embalse y su entorno devolviendo a los vecinos que denunciaron el caso «el pleno disfrute de los derechos fundamentales».
El caso de Galicia se refiere a una macrogranja de cerdos, pero la sentencia sienta jurisprudencia y obliga a repensar el modelo intensivo que contamina los acuíferos en una España tocada por la sequía. La demanda gallega la presentaron en marzo de este año la asociación local de vecinos del pueblo As Conchas y la Federación de Consumidores y Usuarios, además de siete ciudadanos particulares.
En el caso de la macrogranja avícola de Mallorca fueron los vecinos, asociaciones de defensa del medio ambiente y animalistas quienes dieron la voz de alarma hasta conseguir frenar el proyecto. La plataforma ciudadana ‘Macrogranges no’ fue determinante en un proceso en el que el Ajuntament de Sineu se puso de parte de sus residentes.
Claro…la ley de bienestar animal es puro postureo y un saca dineros. Mientras luego estan los sinvergüenzas que van de guais por la vida dejando basura en la fachada de otros. A estos los hacinaba yo de por vida.