Manuel Pavón es el nuevo director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. El que fuera subinspector de la Policía Nacional y portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUB) balear, pega el salto a la política y asume el cargo con la mirada puesta en reforzar el área que ahora lidera.
Asume el cargo y se intensifica la llegada de pateras.
— La situación es alarmante. En Baleares ha subido un 77 % este último año la llegada de inmigrantes ilegales. En 2016 llegaron 20 personas a nuestras Islas de forma irregular y en 2025 ya son cerca de 5.000. Hay que tomar medidas partiendo de la base de que no es competencia autonómica, sino estatal.
¿Cómo encara el cargo en este contexto?
— Con ilusión y con mucho trabajo. No tenemos competencias en cuanto a fronteras pero haremos todo lo posible para que se implemente Frontex en las Islas. Nos consta que seguramente Frontex quiera desplegarse desde hace tiempo aquí y nos han estado ocultando esta información.
Estos meses se le ha acusado de racista.
— Dato mata relato. Los medios de comunicación ya dicen lo que yo dije como portavoz de un sindicato policial, en el que comuniqué lo que me decían mis compañeros. En el Govern haré lo mismo. Lo que no voy a hacer es mentir y si diciendo la verdad me llaman racista y xenófobo, pues bienvenido sea. Hay informes públicos que ponen de manifiesto que personas con intenciones maliciosas están llegando a nuestras costas. Y no lo digo yo, lo dice Frontex.
¿Qué planes tiene para la Dirección General?
— Reestructurar el servicio de inmigración, porque, sorprendentemente, nuestros antecesores políticos hablan mucho de inmigración pero poco hacían. He encontrado un servicio con muchas carencias, con gente de forma provisional que termina en junio del año que viene. Voy a continuar el trabajo de mi antecesora.
¿Cómo se va a reforzar la integración en su organismo?
— Con proyectos adecuados para integrar a los migrantes. Estamos analizando la situación, si se sacarán convocatorias de subvenciones. Lo primero que hay que hacer es reforzar el servicio, porque sin gente para trabajar, poco programa o proyecto se puede hacer.
Se endurecen los criterios para dar ayudas a la emancipación y la renta social ¿Cree que eso fomenta la integración?
— Claro que sí. Lo único que se ha hecho ha sido pedir que lleven tres años residiendo legalmente en España. Los menores no acompañados que están llegando tienen entre 16 y 17 años y no tenemos capacidad para obligarles a escolarizarse. Si a los 18 años se les da una ayuda yo creo que no estamos facilitando la integración sino el efecto llamada.
¿Qué planes hay para la otra pata de la Dirección, para la cooperación?
— Seguiremos cooperando con las entidades con las que tenemos acuerdos, analizaremos los pactos y veremos cómo los enfocaremos en 2026. Esta pata es la que menos me preocupa porque tenemos unos técnicos súper profesionales, cuyo trabajo los avala.
8o8¿Y qué es la verdad?