La proliferación de parques fotovoltaicos en suelo rústico de Baleares, especialmente en Mallorca, se ha disparado en la última década como parte de la transición hacia un modelo más limpio y menos dependiente de los combustibles fósiles. Sin embargo, la falta de planificación y criterio ambiental a la hora de ubicarlos genera un amplio rechazo social que el Govern quiere escuchar. A partir de hoy se frena la tramitación de estas infraestructuras, sean grandes o pequeñas, para diseñar una zonificación única y definitiva que establezca dónde construirlos y evitar así que el campo se convierta en un mar de placas.
Actualmente, ya existen diversas regulaciones que se solapan, pero en su conjunto no incentivan un crecimiento inteligente acorde con las necesidades energéticas de cada isla. El negocio es tan rentable que da pie a una especulación que el Ejecutivo quiere evitar. De ahí que hoy el Consell de Govern vaya a aprobar que solamente se mantenga en vigor la tramitación de nuevos parques que consigan la declaración de interés general, lo que requiere el visto bueno del Consell y el ayuntamiento donde se desarrolle.
De esta manera, quedan paralizadas las otras dos vías administrativas rápidas que existen para sacar adelante este tipo de proyectos: la que se basa en la ley de proyectos industriales estratégicos y el reconocimiento de notoriedad pública. También se continúan permitiendo las hibridaciones; es decir, actuaciones para mejorar la producción energética en los parques o placas ya existentes.
El decreto ley que regula la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos para atraer inversiones económicas incluye una disposición adicional que permite poner en marcha todas las medidas mencionadas. Esta normativa crea la figura de las Zonas de Aceleración de Renovables en Balears para determinar dónde se tienen que construir los parques, y además se permitirá una mayor participación para que los ayuntamientos tengan que sentarse con los vecinos para consensuar cuáles son las necesidades energéticas reales del municipio. La iniciativa está impulsada por la Direcció General d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, que forma parte de la Conselleria d’Empresa, Autònoms i Energia.
La decisión del Govern responder a las decenas de peticiones que existen por todo el territorio para reclamando impedir la construcción de parques fotovoltaicos en fincas rústicas de valor agroecológico. La situación ha llegado a tal punto que ha pasado a ser una reclamación totalmente transversal.
Lo siento. Esto es una maniobra política para captar a los borregos anti energías renovables que resuenan entre ellos diciendo tonterías sobre el gran negocio de las placas y de la saturación en el campo. Sólo leo comentarios de fanáticos y ninguno de técnicos. ¿Nadie ve la oportunidad de la independencia energética? ¿De no tener que comprar gas a Rusia y a Putin? ¿De no contaminar la isla quemando gas y escupiendo CO2? ¿De la actividad económica que se genera? Todos los comentarios parecen escritos por empleados públicos que tienen asumida una vida resuelta hasta que palmen.