El Govern balear ha puesto el foco en la lucha contra las infraviviendas: se han abierto un total 108 expedientes sancionadores por un importe de 3,3 millones de euros entre los ejercicios 2019 y 2024, según han informado desde la Conselleria d'Habitatge. Es importante precisar que en cada expediente sancionador hay varias infraviviendas.
Cabe destacar que en 2024 fue cuando se pusieron más multas, desde que se aprobó la ley de Vivienda de Baleares en 2018. En concreto, el año pasado se abrieron un total de 46 expedientes sancionadores a infraviviendas en las Islas, lo que representa un 77 % más que en 2023, cuando fueron un total de 26.
El director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha destacado que durante los últimos años el número de sanciones a infraviviendas ha ido en aumento constante. En este sentido, ha precisado que en 2022 se interpusieron 15 sanciones por este motivo; otras 15 en 2021; mientras que en 2020 no hubo ninguna, probablemente por la pandemia de la COVID-19; y en 2019 fueron 6; aún no tienen datos de 2025. Además, ha recordado que la Ley de Vivienda prevé como una infracción muy grave, la creación de infraviviendas y lo sanciona con multas que van de 30.001 euros hasta 90.000 euros; cada infravivienda constituida se sanciona separadamente.
Infraviviendas en Manacor
Este miércoles, el servicio de Inspección de Vivienda del Govern y el Grupo de Extranjeros de la Comisaría de Policía Nacional de Manacor han realizado una inspección conjunta en la que han detectado la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en Manacor. Según han informado desde la Conselleria d'Habitatge, «el dueño cobraba dinero en concepto de alquiler sin tener estos habitáculos las condiciones necesarias de salubridad y suministros básicos. Se trata de una construcción chabolista que también tenía dos baños comunes y dos cocinas comunes». La investigación ha desvelado que «el dueño que se aprovechaba de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres, tratándose muchas de ellas de personas con bajos recursos o en situación irregular en el país».
Además, el Govern han denunciado que «el recinto presentaba unas condiciones precarias, tanto de higiene, por la acumulación de restos de basura, residuos orgánicos e insalubridad; como de seguridad, al observarse techos deteriorados y estructuras poco estables. Además, cuenta con una instalación eléctrica deficitaria lo que puede suponer peligro para las personas que residen en el lugar».
El policía local de Palma que alquilaba infraviviendas
El servicio de inspección de Habitatge de la Conselleria cuenta con una plantilla de 12 empleados públicos, entre inspectores, instructores, auxiliares, jefe de servicio y jefe de sección. El expediente más importantes que ha tramitado es el de la sanción de 2.040.068 euros por infracciones «muy graves» al policía local de Palma detenido por alquilar 68 infraviviendas. En concreto, las gestionaba a través de una sociedad limitada en diferentes zonas de la capital balear como Gomila, Foners y sa Indioteria.
El agente infractor fue detenido el 24 de noviembre de 2023 por la Policía Nacional, a raíz de la denuncia del servicio de Inspección de la Conselleria d'Habitatge, en una actuación conjunta con la Policía Local. A mediados de agosto de 2023, se abrió un expediente sancionador que completaba a otro anterior. En octubre, Inspección hizo la primera propuesta de resolución del expediente, hasta que en enero de 2024 salió la definitiva. En total, la Conselleria contabilizó 68 infraviviendas.
Emergencia habitacional
El director general de Vivienda y Arquitectura ha lamentado que «hay personas que se aprovechan de la situación actual de emergencia habitacional que tenemos en las Islas y alquilan o subarriendan infraviviendas a inquilinos que tienen dificultades para encontrar un hogar». En este punto, ha precisado que «suelen ser personas vulnerables o trabajadores de temporada, que necesitan un hogar en determinados meses y no tienen posibilidad de acceder».
Reynès ha lamentando que «los infractores se aprovechan de esta situación» y ha subrayado que «esto es lo que perseguimos desde la Conselleria d'Habitatge para evitar que se produzcan situaciones de este tipo».
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos de Baleares, ya que la oferta es muy escasa y la demanda muy elevada, por lo que los precios están disparados. Esta situación está obligando a muchos residentes a vivir en infraviviendas.
3,3 millones para comprar vivienda en los barrios y convertirla en VPO o para construir directamente VPO ¿Cuando os lo váis a tomar en serio?