«El espíritu de la ley es una ley que no da ayudas sino herramientas que impulsen el desarrollo del sector agrario, que busca mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias facilitando su actividad y asegurando su función medioambiental, ya que no se puede hacer agricultura verde con números rojos».
Con esta premisa nace la nueva Ley Agraria que desde ayer está en exposición pública y que substituirá la de 2019 impulsada por el entonces conseller Vicenç Vidal. La norma actual retoma los objetivos de la Ley Agraria de 2014 (Biel Company) además de adaptarse a las nuevas directivas europeas y ampliar las actividades complementarias que pueden realizar agricultores y ganaderos para incrementar sus ingresos, también tal y como contempla Europa.
Entre estas actividades complementarias se incluyen las agroestancias, ya previstas en la última ley, aunque ahora el payés podrá acoger a huéspedes no solo en la vivienda principal de la explotación (como antes) sino que los alojamientos podrán también fijarse en otras edificaciones de la misma explotación. Estas, no podrán estar fuera de ordenación, no han de ser necesarias para la actividad agraria y que permitan alojamientos vinculados con el entorno rural. Lo que significa adaptar antiguos almacenes y naves donde había animales.
Estas edificaciones se podrán reformar y ampliar hasta un 20 % del volumen inicial existente para adecuarlas a condiciones de habitabilidad. Eso sí, las agroestancias solo podrán estar en una explotación agraria preferente que lleve más de cuatro años inscrita en el registro correspondiente, por lo que se restringen el número de estas respeto a la ley anterior. Además, se las condiciona a que ofrezcan a sus huéspedes actividades agrícolas o ganaderas además de la posibilidad de adquirir sus productos mediante la venta directa o degustación de platos.
Cabe señalar también que estas podrán tener un máximo de diez plazas que serán computadas como plaza turística, por lo que no se crearán plazas turísticas nuevas para este concepto. Para ello, la nueva ley prevé que los Consells deberán reservar un mínimo del 10 por ciento de las plazas que se pongan a disposición del público en la bolsa turística. Asimismo, para facilitar su adquisición por parte de los agricultores, la ley marca que los Consells deberán establecer una bonificación mínima del 60 % sobre el precio de la adquisición para dichas plazas de agroestancias.
Evaluación ambiental
La simplificación administrativa es otra de las bazas que impera en la nueva ley impulsada por el conseller de Agricultura, Joan Simonet, y que en el caso de las agroestancias fija que no estarán sujetas a evaluación ambiental, salvo que se ubiquen dentro de zonas de la Red Natura 2000. El objetivo explican desde la Conselleria es ofrecer herramientas para facilitar la actividad agraria.
La nueva ley también fomenta la venta directa y la degustación de productos locales en las explotaciones, así como impulsa las energías renovables. «Con esta ley damos un paso adelante hacia un campo más rentable, libre de trabas innecesarias y con nuevas oportunidades para nuestros agricultores y ganaderos», apunta el conseller Simonet al referirse a la sostenibilidad del sector para preservar su continuidad.
Cabe señalar que, antes de su publicación en el BOIB, el texto con 228 artículos se ha presentado a las organizaciones agrarias y cooperativas que, anteriormente ya habían hecho sus propuestas para que fueran recogidas en el redactado final. Una de estas fue la petición de no tener que pedir licencia urbanística a los ayuntamientos en casos concretos como el de caída de una pared de pedra en sec.
KIMNo, si la casa es mia no tienen porqué decirme que hacer con ella, así de simple.