El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha dado carpetazo definitivo a la petición de PLIS Educación para imponer que todos los centros educativos impartan al menos un 25 % de las clases en castellano porque la entidad finalmente no recurrirá en el Tribunal Supremo la sentencia dictada hace un mes. La entidad aprovechó que los tribunales catalanes estimaron que la Generalitat debía cumplir con ese mínimo en sus centros, pero la realidad legal de allí no tiene nada que ver con la balear.
El modelo de las Islas se busca asegurar la enseñanza de ambas lenguas oficiales, castellano y catalán, y la concreción de las horas que se imparten se deja en manos del proyecto educativo de cada centro. El único límite es que al menos la mitad de las horas de clase se deben dar en catalán, es decir, que conocido como Decret de Mínims. Una norma que históricamente no se cumple en muchos centros concertados, especialmente de Palma.
El TSJIB ya respondió a la petición de un padre formulada en la misma línea de PLIS para que se aplicara el 25 % en un colegio determinado. Aquella sentencia ya resaltó las diferencias entre el sistema catalán y el balear; un hecho fundamental para entender por qué la justicia avala que el modelo de las Islas garantiza la enseñanza de las dos lenguas, si bien los datos evidencias que el nivel del alumnado es más bajo en catalán que en castellano.
El nivel en lengua catalana es el que más retrocedió entre el curso pasado y el de 2012-2013, cuando se hicieron las últimas pruebas. Durante ese tiempo se desplomó 10 puntos: del 59 % al 49 % mencionado. Ahora, sin embargo, mejora ligeramente hasta el 54 %. Para contextualizar esa caída, basta ver que en ese tiempo en Inglés solamente bajó un punto y en Matemáticas, dos. Mientras que en Castellano cayó cuatro puntos.
Además, en las Islas, donde existe un modelo de bilingüismo integral y no de inmersión lingüística como en Catalunya, se permite a las familias elegir la primera lengua de enseñanza.
Un proceso lleno de errores
En la sentencia firme por la cual se concluye el proceso el tribunal dice que el escrito que PLIS presentó en 2020 no activaba un procedimiento administrativo, sino que era una petición graciable, es decir, la Conselleria d’Educació solo estaba obligada a responder, no a modificar normas ni proyectos lingüísticos. Como PLIS solo tenía derecho a una respuesta, que recibió, no podía exigir judicialmente que se hiciera lo que reclamaba.
Tras esto, PLIS pidió una modificación general de toda la normativa y los proyectos lingüísticos para introducir el 25 % de castellano. Pero en el juicio, además de eso, pretendió impugnar directamente los proyectos lingüísticos de tres centros concretos: IES Mossèn Alcover, Aurora Picornell y Sant Agustí. Esto no lo había pedido antes, así que el tribunal declaró esa parte inadmisible.
Como PLIS no había impugnado antes esos proyectos no tenía un interés legítimo concreto sobre ellos, el tribunal dijo que no podía exigir su modificación. El interés alegado por PLIS es solo un interés general en la legalidad, que no permite recurrir en materia educativa porque no existe acción pública.
PLIS alegaba que la denegación no estaba motivada, algo que el tribunal rechazó: la Conselleria explicó por qué no veía necesario modificar normativas y justificó que los proyectos lingüísticos cumplen la legislación balear y estatal. Como era una petición graciable, bastaba con que hubiera una respuesta motivada, y la hubo.
ca de bouEts intoxicadors sempre contau s'història a s'enrevés. Es règim que adoctrinava a ses escoles era sa dictadura franquista i en es teu cas es resultats són irreversibles. En democràcia no hi ha adoctrinament que valga i sobretot amb internet, que permet sa circulació de tota casta d'informacions i opinions, siguin fiables com ses que emanen de ses universitats i ses corporacions acadèmiques, o intoxicadores com ses que emanen de sectes espanyolistes com sa que t'adoctrina. No hi haurà cap votació política per modificar sa denominació acadèmica de sa llengua catalana precisament perque ès de competència acadèmica i no política. Ho prova es fet que ni sa dictadura franquista va poder canviar tal denominació. Sa sentència coneguda avui avala es model lingüístic vigent a ses escoles de Balears i per tant no canviarà. Sa castellanització que voldria imposar Vox no té aval legislatiu i per tant no s'aplicarà.