El GOB ha advertido a los ayuntamientos de que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso contra la ley balear de proyectos residenciales estratégicos puede dejar a los consistorios «con el problema» si la norma acaba siendo declarada inconstitucional y han autorizado promociones al amparo de ella.
El TC ha aceptado estudiar el recurso presentado por diversas entidades ciudadanas, con el apoyo del PSIB, Més y Podemos, contra la ley que permite construir viviendas en suelo rústico sin servicios previos en municipios de más de 20.000 habitantes, así como en suelos urbano y urbanizable de localidades con más de 10.000 habitantes.
Según explica el GOB en un comunicado, el recurso denuncia que la norma permite modificar las condiciones de los planeamientos municipales, incrementar la densidad y elevar la edificabilidad, incluso sin prever dotaciones básicas como aparcamientos o servicios de abastecimiento, además de otorgar silencio positivo a las promociones acogidas a esta regulación.
El escrito sostiene que la ley vulnera la seguridad jurídica al alterar de manera excepcional el planeamiento urbanístico; invade competencias municipales e insulares; incumple legislación estatal básica en urbanismo, medio ambiente y protección del suelo rústico; y reduce la protección territorial al generar, según los recurrentes, una «amnistía encubierta» para edificaciones ilegales.
El GOB recuerda que esta admisión se suma a la del recurso contra la Ley 7/2024 de simplificación administrativa y denuncia que el Parlament «está apuntando reiteradamente» hacia el suelo rústico para trasladar allí la presión urbanística.
La entidad ecologista ha agradecido el trabajo de las personas que han hecho posible el recurso y ha expresado su confianza en que prospere, al considerar que la decisión del Constitucional supone «un paso más en defensa del territorio y contra la especulación urbanística».
Sí claro si se ocupa el terreno no podréis comer hierba como los conejos