Únicamente un 2,8 % de quienes viven por debajo del umbral de la pobreza en Baleares perciben rentas de inserción, según el 'Informe de Rentas Mínimas de Inserción' de 2024 del Ministerio de Derechos Sociales que ha publicado la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Baleares es una de las cuatro únicas comunidades autónomas que han aumentado su presupuesto para rentas mínimas de inserción (RMI) desde 2020, tras la aprobación del Ingreso Mínimo vital (IMV) estatal, al destinar 38,3 millones en 2024, un 58,4 % más que en 2020.
Canarias, con un aumento del 139,1 % y Baleares, con el 58,4 %, encabezan el aumento de la inversión, seguidas de la Comunitat Valenciana (8,7 %) y País Vasco (4,7 %). El número de beneficiarios de RMI en Baleares ha bajado de los 19.256 perceptores en 2020, antes de que existiera el IMV estatal, a los 4.554 de 2024, un 76,3 % menos. La cuantía media por persona perceptora de las RMI supone el 33,6 % de la renta media por hogar Baleares, que es la comunidad donde se acerca más a la renta media, ya que en el conjunto de España la RMI supone un 15,3 % de la renta media. El 64 % de los perceptores de renta mínima en Baleares son mujeres. En Baleares, la tasa de riesgo de pobreza era del 13,2 % en 2024, lo que supone que 162.593 estaban en esa situación.
Datos nacionales
Las comunidades de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla León y Andalucía han reducido casi por completo sus rentas de inserción para quienes viven por debajo del umbral de la pobreza tras la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) estatal. El IMV es una prestación económica estatal gestionada por la Seguridad Social, pensada para asegurar unos ingresos mínimos a personas u hogares en situación de vulnerabilidad económica. Está regulado por una norma de 2021.
Antes del IMV, muchas autonomías gestionaban la renta mínima de inserción (RMI), ayudas autonómicas para familias en situación de exclusión social o pobreza. Con la aprobación del IMV, muchas han reducido sus presupuestos en este ámbito. Entre las comunidades que han tomado esa decisión destacan, por este orden: Madrid (-95%); Aragón (-92,6%); Castilla–La Mancha (-88,2%); Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%). "En los tres últimos años -desde la implantación del IMV-, se han reducido más de 170.000 beneficiarios, y trece comunidades autónomas han disminuido su gasto en rentas mínimas de inserción", señala el último informe de rentas mínimas de inserción que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales.
En el otro extremo, sólo cuatro comunidades aumentan su presupuesto: Canarias (139,1%), Baleares (58,4%), Comunitat Valenciana (8,7%) y País Vasco (4,7%). En tres comunidades las RMI ni siquiera alcanzan al 1% de las personas bajo el umbral de la pobreza: Castilla–La Mancha (0,1%), Madrid (0,4%) y Andalucía (0,6%). En otras dos no llegan al 2%: Castilla y León (1,2%) y Murcia (1,3%). Por otro lado, la cuantía media de la RMI de Aragón no llega al 1,5% de la renta media de la comunidad.
El informe citado apunta que seis de cada diez titulares de renta mínima son mujeres, el 23,4% son menores de 35 años y hay más de 87.000 menores en familias que perciben una renta mínima. La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las comunidades supone que, en los tres años desde la aprobación del ingreso mínimo vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de casi 400 millones de euros, señala también el citado informe. Sólo el 6,1% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las comunidades autónomas. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, tras alcanzar ese año su nivel más alto con un 8,7%, salvo en el año de la pandemia (2020).
Lo que hay que hacer es formar a los españoles para que trabajen si suieren cobrar ayudas. A los extranjeros, barco!