Cerca de 233.000 personas -casi una de cada cinco- de Baleares (19 %) se ven afectadas por procesos de exclusión social en diversos grados. El 81 % de la población se encuentra socialmente integrada, pero un 38,9 % lo está precariamente. De las personas que se encuentran en situación de exclusión social, un 11, 3 % la padece de manera moderada y un 7,7 % en su manifestación más severa. Así, lo evidencia el IX Informe Foessa sobre la Exclusión y Desarrollo Social en Baleares, que este miércoles ha presentado Cáritas y la Fundación Foessa en Palma.
En términos evolutivos, comparando la encuesta con los resultados de 2018, ha habido un cierto ensanchamiento del espacio de la precariedad ( de 2,5 puntos porcentuales) y un retroceso en las situaciones de mayor severidad (-1,9 puntos). Dentro de las problemáticas de la exclusión más frecuentes en las Islas destacan, con diferencia, las relacionadas con las dimensiones de la vivienda (28,9 %) y la participación política (28 %). Aunque esta situación se repite en el ámbito nacional, Baleares muestra una realidad mucho más negativa en estos dos aspectos.
En este sentido, el 29 % de la población residente sufre exclusión residencial. Y es que, desde 2018, el precio de la vivienda ha subido un 41 % y el alquiler medio se sitúa en casi 1.600 euros mensuales; un incremento del 31 % respecto de 2019. Además, el 60 % de los inquilinos de las Islas dedican más del 30 % de sus ingresos a cubrir los gastos de la vivienda, por lo que unos 46.000 hogares se encuentran bajo el umbral de la pobreza una vez que han pagado el alquiler y sus gastos derivados. «La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna», ha señalado el sociólogo Thomás Ulbrich, de la Fundación Foessa.
«No fallan las personas, sino el sistema. El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, la idea de que viven de prestaciones sin buscan soluciones es falsa. La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión, pero chocan con barreras estructurales», ha dicho. Esto se traduce en que 110.000 personas residen en viviendas inseguras, por inestabilidad en la tenencia de la vivienda o por dificultades legales. Por otro lado, otras 100.000 personas se hayan en viviendas inadecuadas por problemas de hacinamiento, habitabilidad e insalubridad.
Sistema de garantías insuficiente
Ulbrich ha advertido de que el sistema de garantía de ingresos «no está a la altura de las necesidades». En esta línea, ha asegurado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) «no llega» y que «cuatro años después de su incrementación», solo alcanza al 35 % de las personas en pobreza severa de Baleares (5,4 %). «La brecha no es solo administrativa, sino informativa. Más del 66 % de los hogares en pobreza severa no han recibido información sobre el IMV. Es el clásico problema de non-takeout. La prestación existe, pero no alcanza a quien la necesita», ha dicho.
La Renta Social Garantiza (RESOGA), por su parte, «ha caído en una cobertura del 1 % de la población». Si en 2018 tenía a unos 11.400 titulares, en 2024 abarcaba a unos 5.300 usuarios, un 0,44 % de la población. «En una economía con alta carestía y el empleo estacional, esto deja un hueco de protección, donde el IMV no llega, llega tarde o no cubre el coste real de subsistencia», ha apuntado. Por ello, el sociólogo ha propuesto que se use el IMV como complemento de la RESOGA.
Paradise is dead!!!