El Gobierno central ha presentado un contencioso contra el decreto de la náutica balear que pone coto al alquiler de embarcaciones particulares con fines turísticos que impulsa el ejecutivo de Pedro Sánchez.
Desde el 1 de enero de 2026 la normativa estatal permite que los propietarios de embarcaciones de uso personal puedan lucrarse en el mercado del alquiler hasta tres meses al año. La medida, anunciada por el Gobierno central en julio, ha entrado en vigor con el arranque del año. También cobran vigencia los nuevos requisitos de titulación para patronear pequeñas embarcaciones de hasta 5 metros de eslora y con una potencia de 14 caballos.
Marina Mercante endurece las necesidades de licencia en aras de la seguridad pero la redacción de su normativa no deja claro si esta nueva exigencia es aplicable solo al mercado chárter o si también deberán cumplirla quienes alquilen una embarcación a través del 'Airbnb Náutico'.
A falta de que el juez dicte medidas cautelares, el Govern apuesta por seguir aplicando la normativa autonómica que exige una declaración responsable para ejercer la actividad en Baleares y un lugar autorizado para el embarque y desembarque del pasaje. El director general de Transporte Marítimo del Govern, Toni Mercant, advierte además a los propietarios de barcas particulares que estén pensando en dar el paso, que si alquilan sus embarcaciones con fines turísticos se arriesgan a perder sus amarres en los puertos públicos de las Islas.
El problema es que el Gobierno autonómico no tiene potestad sobre los amarres que gestionan las marinas y clubes náuticos a través de concesiones de Puertos del Estado y que los propietarios que se sumen al alquiler turístico realizan el trámite directamente con Marina Mercante.
Mercant acusa al ejecutivo central de «rendirse a los intereses de una inmobiliaria de Madrid: lista séptima.com» al cambiar la normativa estatal para permitir el alquiler turístico de embarcaciones privadas tres meses al año en un modelo que copia al del alquiler turístico vacacional de pisos. «Es algo insólito y sin precedentes lo que está haciendo el Gobierno al favorecer los intereses particulares de especular con el dominio público… No hay necesidad de añadir más embarcaciones de las que ya hay al mercado del arrendamiento en Baleares», sentencia.
El Govern no oculta su preocupación por las consecuencias que la legalización del 'Airbnb náutico' tendrá para Islas: «un alto coste sobre la seguridad en la navegación marítima y sobre la conservación del medio ambiente».
En el mismo sentido se pronuncia la patronal del chárter náutico. «Marina Mercante dice que no aumentará el número de barcos que hay en Baleares pero lo que no dice es que por ambición económica todos esos barcos van a salir ahora cada día a las 10 horas y a volver a puerto a las 18 horas y eso será un caos para fondear, para la entrada y salida de los puertos y para las instalaciones náuticas como las necesarias para ir a repostar. Es una locura», dice su presidente Pedro Gil.
La Asociación de empresas chárter de las Illes Balears lleva años denunciando el «intrusismo» en el sector. «Llevamos tiempo avisando, pero el incremento postcovid ha sido brutal, por un supuesto oportunismo económico que ha visto la gente de tierra que no es profesional», dice. Gil defiende la necesidad de que las empresas que se dediquen al negocio del alquiler chárter de embarcaciones dispongan de un certificado profesional que garantice el conocimiento de la normativa vigente.
Augura además que la legalización del 'Airbnb náutico' tendrá consecuencias económicas para los particulares y empresas de las Islas. «El precio de los amarres se disparará aún más, para las empresas y para los particulares y a nivel de precios de mercado del alquiler los profesionales mantendremos tarifas, pero todo este mercado nuevo que carece de profesionalidad va a tirar los precios. Es algo que tendrá un recorrido corto porque luego las cuentas no salen, pero que va a pasar factura a todos», reflexiona.
El Govern ya ha informado a los profesionales del sector de que el Gobierno central ha recurrido en la vía judicial el decreto autonómico que regula la náutica balear. Asimismo ha informado de un segundo contencioso interpuesto por listaséptima.com, la principal plataforma del 'Airbnb náutico' en España que ya cuenta con una delegación en las Islas.
«Delegación del Gobierno nos notificó una reclamación contra el decreto autonómico por invasión de competencias, contestamos a la reclamación en tiempo y forma y ahora han optado por ir a la vía judicial. Todavía no se ha dictado una medida cautelar. Cuando un juez nos diga que hay que modificar el decreto evidentemente lo haremos, mientras tanto defendemos los postulados de Baleares apoyados por el sector», informa el director general Toni Mercant.
Todayles caravanes no tenen cèdula d habitabilitat. No et pots empadronar a una caravana ni a un vaixell.