La Conselleria de Treball, Fundació Pública y Diàleg Social ha enviado una misiva al Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) rechazado frontalmente la propuesta del mismo de incluir a personas migrantes sin papeles en los servicios del SOIB. Así, la Conselleria se opone a que extranjeros sin permiso de residencia o trabajo puedan estar inscritos en los servicios de ocupación de la comunidad: «Nuestros servicios generales están tensionados, según como vayan estas medidas pueden colapsar», augura la consellera Catalina Cabrer.
La misma defiende que no tiene sentido que una persona inmigrante pueda solicitar los servicios de ocupación simplemente por haber solicitado la tramitación de sus papeles, sin conocerse aún cuál será la resolución: «Si luego se expulsa a esta persona del servicio se habrán desperdiciado los recursos», apunta. La propuesta se planteó a Treball el pasado 15 de diciembre, cuando el SEPE presentó a la Conselleria un informe donde se proponía, de manera excepcional y condicionada, la inscripción como demandantes de servicios previos a la ocupación de colectivos en los que se incluían extranjeros con solicitudes sin resolver de autorización de residencia por arraigo socioformativo.
Cabrer explica que el documento no tiene cobertura legal suficiente y que su aplicación planteará «problemas técnicos y jurídicos». «No sé cómo acabará todo esto», confiesa y añade que espera poder seguir tratando este tema en la próxima Conferencia Sectorial, sin fecha prevista aún. «Abordaremos a este público sin saber si finalmente les denegaran o no el permiso. Nos dejan completamente solos en cuanto a recursos humanos y económicos y dejan en manos de las comunidades autónomas un problema de migración. Más en Baleares, donde se ha establecido una ruta migratoria y los servicios están tensionados», asegura.
Según el Ejecutivo balear, la regulación de la inscripción de estos colectivos en el SOIB debería seguir una norma jurídica estatal y no hacerse a través de un informe y criterios «interpretativos». Además, una decisión de este calibre «debe ir acompañada de una valoración previa de impacto territorial y una dotación económica suficiente». A la espera de conocer más detalles de esta proposición, Cabrer deja claro que si acaba efectuándose el Govern «seguirá alzando la voz».
INmigrantes, por mucho que digan lo contrario.