«Hasta las medicinas me tengo que pagar, no es normal». María Fernández, de 75 años lleva sin cobrar la pensión no contributiva que percibía desde el mes de septiembre. Lo mismo ha pasado con su hijo, dependiente, con el que convive. Todo por los estrictos criterios que rigen la renta social y que provocan problemas habituales de este tipo a los beneficiarios, además de cargas burocráticas.
Además de retirar la prestación, que apenas llega a los 500 euros a cada uno de ellos, la administración, en este caso la autonómica aunque la regulación es estatal, les ha obligado a devolver cuatro pagos que había ya llevado a cabo. El motivo es que María tuvo un ingreso extraordinario, en el mes de julio por la venta de una vivienda heredada en Murcia que tenía junto a un familiar. Recibió 60.000 euros que se fueron a la hipoteca y gastos médicos de su hijo en su mayoría. El ingreso fue notificado a la administración y se tributó por él. «Me llamaron de la Conselleria, la directora y presentamos toda la documentación que nos pidió el 31 de julio», explica María.
El criterio de la administración es que, ese ingreso es incompatible con la prestación. Sin embargo a pesar de tener la información, aún se realizaron cuatro pagos más: «Al final nos dieron la paga», añade. Esa percepción dio a entender a la familia que todo estaba correcto. Sin embargo, en octubre llegó una reclamación de devolución de esos cuatro abonos, 4.000 euros. La queja de la familia es que se ha considerado un ingreso puntual como un incremento de la renta. «Que me lo quiten a mí, pero no a mi hijo», protesta María que también se queja de la lentitud para poder reclamar de nuevo el pago de la prestación de cara a este año. «No entiendo por qué tarda tanto la administración». Mientras necesitan la ayuda económica de su otra hija.
La no contributiva se paga a los que nunca han trabajado. No debería pagarse de la caja de las pensiones. no se paga si tienen otros ingresos. Esta Señora no tiene razón.