La Conselleria de la Mar tiene prácticamente listo el texto definitivo de la futura ley de ordenación y gestión integral del litoral que permitirá salvar del derribo cientos de edificaciones costeras que ahora mismo están amenazadas. El conseller Juan Manuel Lafuente explica que se tata de casetas tradicionales y ‘de vorera’, escars, casetes de pescadores y chiringuitos que en un elevado porcentaje deberían demolerse con la legislación estatal actual, pero que quedarán protegidas con el nuevo texto legal.
El proyecto de ley no protege los usos de estos edificios. Es decir, si en alguna de estas edificaciones hay un bar o un restaurante, no se protege la actividad económica, sino el edificio en sí. Tampoco será el Govern quien decida cuáles de estos edificios se preservan y cuáles no. Esta competencia quedará reservada a los consells. Tendrán la posibilidad de elaborar un reglamento en materia de protección patrimonial con una registro de aquellos bienes o edificios que deben ser protegidos. Lafuente recalca que todos estas actuaciones deberán estar avaladas por informes de patrimonio.
El conseller reconoce que no hay un listado aproximado de cuántas edificaciones quedarán protegidas con esta normativa. En Eivissa y Formentera se han hecho algunos informes al respecto y en Menorca se ha hecho en estudio parcial por parte de un alumno de la universidad, pero en Mallorca no hay nada parecido.
La norma incorpora otras medidas de ordenación del litoral, como la regulación de la velocidad en la costa. El anteproyecto limitará a 10 nudos la velocidad de motos náuticas y embarcaciones de más de 12 metros de eslora en una franja de una milla marina desde la costa. Esta medida busca incrementar la seguridad y proteger el litoral balear.
La futura ley de costas busca una mayor relación con los ayuntamientos para que sean estos quienes decidan el uso que se puede dar a las playas y a otros zonas del litoral. Las competencias para dar las autorizaciones estaban hasta ahora en manos del Ministerio, pero el conseller de la Mar cree que esta potestad debe quedar en manos de los ayuntamientos.
La nueva ley determinará que el Govern deberá colaborar con los municipios para que tengan una planificación propia de los usos de las playas. Por ejemplo, los municipios podrán decidir si se autoriza algún tipo de campeonato deportivo o la celebración de bodas o cualquier otro evento, además de la propia autorización sobre los chiringuitos y otros servicios.
La norma incorpora, además, una reconocimiento legal para las asociaciones de amarristas, una realidad muy extendida en Menorca. Los residentes en una zona específica de costa, como es el caso de una cala, se constituyan en asociación de amarristas y piden una concesión para legalizar las boyas. Las concesiones las dará el Govern, pero las asociaciones podrán presentar un proyecto de ordenación para que no haya amarres ilegales.
«Esta ley no va a arreglar todos los problemas del litoral y hay que tener en cuenta que el Estado conserva competencias en esta materia, pero será el equivalente costero a los que fueron en su momento las Directrices de Ordenación del Territorio», señala el conseller.
ohh,sorpresa ¡