La presidenta Marga Prohens ha defendido este jueves las medidas que negocia con Vox para endurecer los requisitos de residencia para ayudas sociales: «Ayudas sociales sí, fraude con ayudas, no», ha declarado. La 'popular' ha argumentado que su Ejecutivo se ve obligado a buscar sus propias vías para «detener el efecto llamada» de políticas estatales como la regularización extraordinaria de inmigrantes. «Y cuanto más efecto llamada provoquen las políticas de Pedro Sánchez, más medidas deberemos emprender», advertía.
Prohens ha sostenido que el Estado ha dejado «indefensa» a Baleares. En ese punto ha recordado las últimas llegadas de pateras, con alrededor de 400 personas en cuatro días, y ha protestado porque el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, no se haya puesto en contacto con el Govern balear respecto a los menores en esta última oleada: «Nadie se ha preocupado de en qué condiciones podremos recibirlos. No tenemos ninguna información, no sabemos si están en las carpas».
«Todos los países europeos de diferentes colores políticos están dando pasos en sentido contrario a los de Sánchez», ha asegurado Prohens, que en cualquier caso, recordaba que endurecer el acceso a ayudas ya formaba parte del pacto presupuestario de 2025; y «el PP cumple con lo pactado».
En detalle, las medidas que se prevé incorporar a la nueva Ley Ómnibus incluyen requerir tres años de residencia legal para acceder a ayudas y que obligatoriamente vayan vinculadas a un itinerario de inserción laboral. Esto afectaría a prestaciones como la Renta Social Garantizada (Resoga) y la renta de emancipación. El objetivo es garantizar que el recurso «realmente se aprovechará con una persona que ha seguido todo un proceso de acompañamiento, sea migrante o no».
No podemos permitir todo ese descontrol que hay actualmente con las ayudas