Los sindicatos alzaron la voz contra el plan del Govern de externalizar algunos trámites de la administración a través de entidades colaboradoras similares a las que ya funcionan en la concesión de licencias. «Puede suponer que creemos una atención para ricos y otra para pobres», asegura Miguel Ángel Romero, de UGT. De momento, apuestan por mantener una actitud prudente a la espera de conocer la letra pequeña de las intenciones. Sí cree que la propuesta compromete la «igualdad de acceso» a las Administración y permitirá que quien tenga recursos económicos tenga más facilidades. UGT pondrá en manos de los servicios jurídicos la propuesta del Govern cuando se conozca oficialmente.
El sindicato STEI envió un comunicado en el que considera que esta medida supone una privatización de trámites administrativos que debería realizar el personal funcionario y que podría aprobarse en el Parlament «por la puerta de atrás». Para el STEI, sustituir a la Administración por entidades privadas pone en riesgo el principio de imparcialidad en la gestión de los recursos públicos. En el comunicado advierten, además, de que el nuevo sistema podría eludir controles actuales de equidad y transparencia, y que empresas privadas pasarían a gestionar datos sensibles de los ciudadanos.
La principal crítica del STEI es que esta nuevo es modelo crearía una administración a dos velocidades: quienes puedan pagar una gestoría tendrían acceso más rápido a trámites o derechos –como ayudas al alquiler, prestaciones u otros procedimientos administrativos– mientras que quienes no puedan asumir ese coste quedarían en desventaja.El STEI concluye que la propuesta es «clasista», porque vincula el acceso a derechos públicos con la capacidad económica de los ciudadanos, lo que aumentaría las desigualdades sociales.
La propuesta se incluirá a través de enmiendas que negocia el PP con Vox. El partido de extrema derecha no ha confirmado aún su voto, si bien señala que las intenciones del Govern le parecen interesantes y comparte la necesidad de simplificar la Administración. Precisa que el texto no está cerrado y que siguen negociando un acuerdo que debe concretarse en dos semanas, fecha en la que finaliza el plazo de presentación de enmiendas.
La oposición lo ve de forma muy diferente. La diputada del PSIB Mercedes Garrido asegura que, con medidas como la que se plantea, el PP va en su línea histórica de privatizaciones y de «desmantelar» lo público, pero cree que el «colmo» de este planteamiento es atacar la atención al público.
Añade que el Govern pretende vestir de simplificación administrativa la privatización de los servicios públicos. En cualquier caso, Garrido precisa que la ley establece que los informes los tiene que hacer funcionarios de carrera y menciona que pueden encontrarse con este problema cuando se externalice la tramitación de expedientes en recursos hídricos, algo que también prepara el Govern.
Para Lluís Apesteguia, coordinador de Més, esta externalización de la Administración supondrá precarizar el servicio con trabajadores mal pagados y creará una Administración «a dos velocidades» entre quienes pueden pagar para que le gestionen los servicios y quien tenga que ir a resolver los problemas a la ventanilla de la Administración.
Això hauria de ser delicte i tot. Que als Peperos i voxeros aquests els portin a la presó , per atemptar contra la ciutadania.