El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha amenazado este miércoles con llevar al Tribunal Constitucional la derogación de la ley de memoria de las Islas Baleares si no se llega a un acuerdo previo entre ambas administraciones. En declaraciones a los medios en la primera Cumbre contra el Odio inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres ha lamentado la derogación este pasado martes en el Parlament de las Islas Baleares de la ley de memoria democrática autonómica con el apoyo de PP y Vox.
En su opinión, es un caso claro de «sumisión» del PP hacia Vox, ya que en un principio la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, dijo que no iba a aceptar las exigencias del partido de Santiago Abascal, que fue el que propuso esta derogación, y finalmente «ha sucumbido a ellas».
«Tengo que lamentarlo porque no era preciso que el PP, de nuevo, cediera a las exigencias de la ultraderecha. Se ve claramente quién está mandando. Unos pueden tener la presidencia, pero mandan los otros más, mandan los que exigen, los que ponen condiciones», ha señalado. Además, ha anunciado que van a invitar al Govern balear a que se siente con el Gobierno de España para negociar y dar marcha atrás en la derogación de esta ley de memoria democrática autonómica.
«Si nos dicen que no se sientan con nosotros o no hay acuerdo al respecto, el Gobierno de España elevará al Tribunal Constitucional solicitando que se quede sin afección inmediata», ha añadido. De esta forma, el Gobierno vuelve a recurrir al artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que plantea la posibilidad de entablar negociaciones sobre una ley entre administraciones para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
En el momento en que el Gobierno remita una propuesta para iniciar un proceso de negociación sobre la derogación de la ley de memoria, el Govern balear tendrá un plazo para decidir si acepta esta propuesta de diálogo. Si no se consigue un acuerdo, el Gobierno irá al Tribunal Constitucional, como ya hizo por ejemplo en Aragón tras la derogación de la ley autonómica de memoria por parte de PP y Vox, con la denominada ley de «concordia» aprobada en la Comunidad valenciana por los mismos partidos o con la suspensión de la norma de memoria cántabra impulsada por el PP y apoyada por Vox.
Foraster0Efectivament: "La Generalitat de Cataluña oculta en su mapa de fosas a 2.037 víctimas del bando republicano El ‘Govern’ no señala en su página oficial a las víctimas de los cementerios clandestinos, acreditadas por el juez Josep Maria Bertran de Quintana La Generalitat oculta en su mapa oficial de fosas los llamados cementerios clandestinos del Frente Popular, donde fueron inhumadas de manera furtiva las víctimas de las Patrullas de Control del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. El de Moncada y Reixac es sólo uno de esos cementerios clandestinos, dentro de los cuales también se hallan los de Molins de Llobregat, Roses de Llobregat, Les Corts, Prat de Llobregat, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Olot, l’Escala… Y donde se exhumaron un total de 2.037 víctimas causadas por el frente popular. Así figura en el informe del juez Josep Maria Bertran de Quintana, admitido como verídico por el Gobierno de Pedro Sánchez... el Govern de Cataluña se ha negado sistemáticamente a exhumar la fosa de Moncada y Reixac, que alberga 700 cadáveres de víctimas de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil... Para más inri, la fosa hallada en mayo de 2019 en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, donde se hallaron cuatro cadáveres de víctimas del Frente Popular, tampoco figura en la web. Se da así la paradoja de que la fosa más grande de Cataluña (la de Moncada y Reixac) y la primera localizada en Barcelona son las más ignoradas..."