El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Carles Recasens, ha reclamado al Parlament un cambio en la ley balear de salud para establecer un régimen sancionador por la vía administrativa, dedicado a los pacientes que agredan a un profesional sanitario.
El representante de los facultativos ha hecho esta solicitud durante la comparecencia de este miércoles en la Comisión de Salud del Parlament, a la que había sido invitado para hablar sobre las agresiones a los médicos.
De este modo, ha puesto de ejemplo los casos de la Comunitat Valenciana o Galicia donde ha indicado que se ha dado capacidad sancionadora a los profesionales sanitarios ante los agresores, con multas que van de los 500 a los 60.000 euros según la gravedad.
Recasens ha planteado que, o bien el Govern, o bien el Parlament lleven a cabo la modificación de esta normativa para otorgar a la Conselleria de Salud de esta capacidad sancionadora, porque quien pega a un profesional «ataca la relación entre el médico y el paciente y al sistema sanitario».
El sanitario ha comenzado su intervención con el relato de una agresión que sufrió en su consulta de Psiquiatría de Inca pero ha resaltado que «muchas agresiones no se denuncian» por «miedo», por la sensación de que «no servirá de nada» o porque los médicos piensan que «no les servirá de nada».
Así, ha señalado que las agresiones tienen una tendencia «ascendente» pero ha reivindicado que la violencia «no puede formar parte del trabajo de un médico». Por otro lado, ha citado la violencia psicológica que «desgasta» y afecta a la calidad de vida los médicos.
«Las agresiones no son un problema sanitario, son un problema social y nada justifica la violencia, ni las listas de espera, ni el desacuerdo, ni la inmediatez», ha alegado.
También ha mencionado que, aunque en la sanidad pública los médicos cuentan con protocolos, los 3.000 galenos que trabajan en la sanidad privada en el archipiélago se sienten «desprotegidos» y están «solos».
Por estos motivos, ha pedido mandar un mensaje a la sociedad de que agredir a un profesional sanitario «tiene consecuencias» y ha destacado que cuando se protege a los profesionales, se protege a «uno de los pilares de la sociedad».
En el turno de preguntas, la diputada del PP Isabel Maria Borràs ha apuntado que los datos de las agresines reflejan que todo en engranaje jurídico del que disponen las administraciones «no es suficiente» y ha reconocido que el sistema de denuncia puede «no ser del todo ágil».
Esto lo ha ejemplificado en el aumento del 15 por ciento en las agresiones a profesionales sanitarios en Baleares durante 2025, sobre todo en Primaria. Así, ha criticado el rechazo del PSOE a la ley contra la violencia en el ámbito sanitario y le ha preguntado a Recasens sobre los casos de reincidentes en las agresiones o sobre si los centros de salud cuentan con vías de escape suficientes para las víctimas.
Por parte del PSIB ha participado en la comisión el diputado Carles Bona, quien ha reconocido que no es un problema «anecdótico» con una subida de las agresiones, especialmente en el caso de las verbales que parecen «menos graves» pero generan un «desgaste emocional».
Aún así, ha pedido analizar el contexto puesto que muchas de estos ataques son fruto de «tensión asistencial» o «sobrecarga de las plantillas» que se descarga sobre el personal.
El parlamentario ha planteado que para prevenir las agresión se haga una «reflexión» sobre cómo funciona el sistema sanitario, si son necesarios más recursos o un refuerzo de las plantillas, al tiempo que ha propuesto desarrollar una auditoría sobre la carga de trabajo.
Ante la posibilidad de modificar la ley de salud, ha esbozado sus dudas a nivel jurídico sobre si un delito que va por la vía penal —como es la agresión a un médico en el ejercicio de sus funciones— se puede mantener si se cursa una sanción administrativa.
La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha mostrado su solidaridad con el presidente del Comib, ya que ella también vivió un hecho similar en su carrera como sanitaria y ha compartido la idea que cuando se agrede a un sanitario «se ataca al sistema público con mayúsculas».
En ese sentido, ha interrogado al compareciente por las causas del aumento de las agresiones y si esto se debe únicamente al afloramiento de las mismas por los sistemas de denuncia o si puede haber un problema de infraestructuras o personal. También le ha consultado por las soluciones que considera más acertadas, además de señalar las dudas legislativas del cambio de la normativa.
El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha pedido información sobre los efectos que han provocado los cambios en las leyes de Galicia y Comunitat Valenciana, ya que ha subrayado que «a veces se hacen reformas por aparentar que se hace algo pero no se sabe si servirá de algo».
No obstante, se ha mostrado favorable a un cambio de la ley de salud de este tipo pero ha advertido que «la opción punitivista no suele ser la más eficaz». Además, ha dedicado unos minutos a criticar la intervención de Borràs, porque ha recalcado que lo que proponía esa ley que rechazó el PSOE «ya lo puede hacer el IbSalut».
En su turno de respuesta, Recasens ha indicado que el aumento de las agresiones se debe a un componente de «detección» y «sensibilización» de todos los colegios y sindicatos profesionales. Igualmente, ha alertado que la violencia está «omnipresente en la sociedad» y la relación del médico con el paciente «no es ajena».
De este modo, ha destacado el trabajo conjunto con quien lleva el sistema de Notificación y Registro de Agresiones a los profesionales sanitarios (NIRA) para fomentar y estimular a los médicos para que lo usen y sea un sistema ágil y rápido.
En cuanto a las dudas legislativas, ha reconocido que «no entiende de leyes» pero ha pedido una respuesta lo más «amplia y eficaz posible», dado que ha afirmado que un agresor que es denunciado «no reincide».