Vox desafía de nuevo al PP. Ha comunicado a sus antiguos socios que no votará las medidas de privatización de gestiones de la Administración que ahora hacen los funcionarios si no es a cambio de contraprestaciones políticas. El PP quiere poner en marcha oficinas privadas que se encarguen de las gestiones que realizan los ciudadanos con la Administración, como la petición de las ayudas a la dependencia, la obtención de la tarjeta de transporte, una licencia específica o cualquier otra materia. Lo hará a través de una enmienda a la ley de proyectos estratégicos que está en tramitación, pero tiene un problema: Vox le ha dicho que, de entrada, no.
Lo mismo sucede con otras propuestas que presentará el PP a través de enmiendas, entre las que figuran las bonificaciones fiscales para los propietarios de vivienda que no suban los alquileres por encima del IPC. El Govern también quiere incorporar nuevas rebajas de impuestos a los jóvenes para la compra de vivienda y las enmiendas también proponen una implantación masiva de la declaración responsable para agilizar todo tipo de trámites con la Administración.
Ninguna de estas medidas tiene asegurado por ahora el apoyo de Vox. Los antiguos socios de Prohens dicen que todas estas intenciones del PP no figuran en el pacto presupuestario que se cerró el año pasado. Si el PP quiere el voto de Vox, insisten en que debe ser a cambio de otras concesiones. Es decir, Vox asegura que debe abrirse una nueva negociación con el PP para abordar estos asuntos y no aceptará por ahora las propuestas si no recibe un pago político a cambio.
Desde el partido de extrema derecha no detallan cuáles son esas exigencias, pero sí dejan claro que el apoyo al PP no saldrá gratis, a pesar de que Vox está de acuerdo tanto con la puesta en marcha de estas oficinas como con la implantación sistemática de la declaración responsable. Desde Vox no se han pronunciado sobre las medidas fiscales a los propietarios que no suban los alquileres.
PP y Vox llevan semanas negociando las enmiendas que presentarán mañana a la ley de proyectos estratégicos. Sin embargo, sólo hay acuerdo en las medidas que se pactaron en junio para que los de Abascal dieran su apoyo a los Presupuestos y a la ley que libera suelo para construir vivienda, también en suelo rústico. Hay acuerdo para ampliar las exenciones al catalán en la función pública y para que los migrantes sin papeles no reciban ayudas públicas, además de medidas para los menores migrantes tutelados, y Vox quiere que las enmiendas se ciñan a estos aspectos y no se incorporen nuevas cuestiones no pactadas.
Los dos partidos ya han dado por cerradas las negociaciones y han decidido que cada uno de ellos presente las enmiendas que considere oportunas para seguir negociándolas más adelante.
En este proceso que se abre ahora, la clave estará en saber qué decide la dirección de Bambú. Santiago Abascal había dado la directriz de no llegar a acuerdos con el PP en las comunidades autónomas hasta que no acabara el ciclo electoral de Castilla y León. Vox pidió alargar el periodo de enmiendas hasta después de estas elecciones para que no se visualizaran los acuerdos con el PP en materia de catalán y de inmigración que ha ido anunciando esta semana.
Está por ver qué pasa ahora en el nuevo escenario que se dibuja tras las elecciones castellano leonesas y si la dirección de Vox abre la puerta a nuevos acuerdos con los ‘populares’, que podrían traducirse en una aprobación de estas enmiendas a cambio de nuevas cesiones.
La intención del Govern con estas enmiendas es dejar en manos privadas la gestión de numerosos trámites administrativos que ahora realizan funcionarios. Se mantendrán los servicios públicos como hasta ahora y el ciudadano podrá seguir resolviendo sus gestiones con el Govern de manera directa, pero se abrirá la puerta a que estos trámites los puedan hacer empresas privadas.
Este intento de aceleración de la tramitación administrativa –que ahora puede abortar Vox si no hay cambio de estrategia– se hará a través de empresas que actuarán de una manera similar a como funcionan las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU). El promotor o ciudadano interesado paga a la empresa para que se ocupa de su licencia urbanística. Es lo mismo que quiere hacer ahora el Govern con otras gestiones de la administración.
Gran parte del problema reside en el concepto de «plaza en propiedad» o «tenencia permanente». En los países anglosajones tienden a basarse más en puestos de trabajo específicos con mayor flexibilidad laboral. Además de acortar los tiempos de acceso al puesto. Es muy difícil de explicar fuera de Europa que, después de un proceso que puede llevar de media 3-5 años, el estado te contrata de forma permanente independientemente de la necesidad del puesto de trabajo. Un auténtico sin sentido. En el caso de España, dado el peso de las PIMES en la economía, la diferencia entre funcionarios y trabajador en la privada es abismal y con consecuencias absolutas en todo el sistema. Un idea pensada para luchar contra el nepotismo se ha trasformado en un monstruo que marca la pauta de la economía de todo un país.