El PSIB ofrece sus votos al Govern para «rectificar» el reglamento del taxi y VTC aprobado hace apenas un mes. Es el principal instrumento del que se dotó la Comunidad Autónoma para blindarse ante una avalancha de solicitudes para vehículos de alquiler con conductor (el formato de empresas como Uber) justo cuando se agotaba la moratoria. Los taxistas de CAEB han mostrado su descontento con la fórmula escogida por el Ejecutivo y piden cambios.
Los socialistas reclaman un modelo más restrictivo que el que planteó el PP, basado en criterios medioambientales y de carga. «No queremos que Uber condicione la legislatura, preferiríamos que Uber no existiese en Baleares, si el PSIB estuviese gobernando, Uber no existiría en Baleares», ha dicho el portavoz socialista, Iago Negueruela.
Además, el PSIB cree que la Comunidad debería dar rango legal a estos mecanismos para protegerse de futuros recursos judiciales. Precisamente este jueves termina el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la nueva Ley Ómnibus y se podrían introducir cambios sobre el taxi vía enmienda. El grupo socialista presentará las suyas, pero se abre a consensuar un texto con el PP. Si no, el PSIB anima al Govern a hacerlo vía decreto (que de hecho sería la fórmula más rápida) y se compromete a votar a favor de su convalidación siempre y cuando el texto se ciña al taxi y no incorpore otras cuestiones por exigencia de Vox. «No hace falta esperar más. No va de quién se pone la medalla. Rectificar es de sabios», ha zanjado Negueruela.
En cuanto a los taxistas de CAEB, su secretario, Florián Talaya, ha insistido en que tienen «un problema muy grave» con el volumen de peticiones sobre la mesa, cerca de 10.000 autorizaciones de VTC que «serían la ruina total para el taxi». Para Talaya, el reglamento es «mejorable» y los taxistas no están «contentos», y creen que con las nuevas modificaciones «se podrá contingentar».
Los taxistas de Pimem, en cambio, puntualizan que dieron apoyo al reglamento, si bien su presidente, Biel Moragues, ha insistido en que «esta Comunidad tiene que dar un golpe sobre la mesa» en materia competencial. «Baleares de facto ha estado autorizando un transporte al amparo de una autorización estatal por costumbre, por comodidad, pero no quiere decir que no se pueda intervenir», ha argumentado. Moragues ha puesto en duda que se confíe «a un solo argumento o dos» la configuración del sector. «Luego vienen las sorpresas en los tribunales que acaban desbaratando absolutamente todo», ha advertido.