«Hace tres semanas, antes de estallar la guerra de Irán, parecía que este año iba a ser un camino de rosas». La Asociación de Constructores de Baleares ha presentado este jueves su balance de 2025 y unas previsiones para 2026 que han cambiado radicalmente en el último mes. Y todavía podrían empeorar. El conflicto en Oriente Medio ha provocado una escalada de precios que en el caso de los materiales de construcción se empezará a notar en una o dos semanas, cuando se acabe el stock almacenado de las constructoras. Llegados a ese punto, la espiral inflacionista amenaza con paralizar cientos de promociones privadas e incluso ponen en riesgo las más de 1.200 viviendas que el IBAVI planeaba construir en 2026, con un 90 % de las promociones a iniciar este mismo año.
En ese sentido, los constructores alertan de que «podemos volver a toda esa dinámica de obras desiertas». Climent Olives, presidente de la asociación, ha explicado que el sector estaba viviendo «un momento dulce» que permitía esbozar un año muy positivo en términos de desarrollo de proyectos estratégicos, especialmente en el ámbito residencial con las viviendas protegidas del IBAVI. El grueso de este paquete de VPO, ha precisado Olives, probablemente vea retrasado su inicio.
«Veníamos de una tendencia muy positiva». La guerra ha obligado a replantear toda la planificación y ahora la prioridad es conseguir un marco de cobertura que debe implicar a las administraciones públicas pero también a las promotoras privadas. En cualquier caso, queda claro que el conflicto bélico va a ser otro factor añadido -y muy importante- al proceso de encarecimiento de la vivienda en Baleares
Así, el sector pedirá al Govern que traslade al Gobierno central la necesidad de hacer obligatoria por ley una revisión de los precios de todas las licitaciones públicas, también de las de duración inferior a un año. La idea es volver a la normativa existente hasta 2015, la cual indexaba los presupuestos de los contratos públicos a las fluctuaciones del mercado, de manera que esos contratos podrían reflejar tanto incrementos como rebajas de los costes energéticos y materiales. «Es una fórmula que da tranquilidad a las empresas».
En el caso de la obra privada, las soluciones pueden ser más complicadas. Especialmente en el caso de aquellas obras que ya están firmadas e incluso en pleno desarrollo. En esta situación, Olives ha explicado que lo más aconsejable es tratar de llegar a acuerdos con los promotores para flexibilizar las condiciones iniciales. Algo que puede conllevar parones y retrasos en los plazos previstos en un principio. «Habrá que pactar con el promotor, no nos queda otra: o la empresa constructora tiene que perder o te enfrentas a la rescisión del contrato con las penalizaciones que eso conlleve». De ese modo, la constructora puede llegar a decidir que le sale más a cuenta parar y afrontar los gastos que eso implique que seguir adelante.
Con estos condicionantes sobre la mesa, se puede llegar a un escenario de parones más o menos generalizados, «con precios que volverán a subir como hace cuatro años», ha señalado Olives, quien ha comparecido en compañía del vicepresidente de la asociación Carlos Veny; la vicepresidenta Consuelo Antúnez, y la directora general, Sandra Verger. Esta última ha remarcado que los precios en el sector subieron entre un 30 % y un 35 % con la invasión rusa de Ucrania. Un incremento equivalente al registrado en los 15 años anteriores y que «ya veníamos arrastrando». Los precios experimentaron entonces una estabilización al alza y no han vuelto a bajar, por lo que las subidas que se produzcan ahora se sumarán a ese incremento que ha acabado siendo normalizado por el mercado. «Ya hemos visto que cuando esto precios suben se suelen quedar ahí, es muy difícil que vuelvan a bajar», ha remarcado Verger.
Entre los encarecimientos materiales más acusados destaca por ejemplo el del asfalto, con una subida del 40 % debida a que su principal componente es el betún, un derivado directo del petróleo. Obviamente, la insularidad complica todas las ecuaciones: las navieras ya manejan un incremento del 10 % que los transportistas van a repercutir en las constructoras. Asimismo, el gasoli A que utilizan vehículos, camiones y maquinaria ligera ha subido un 40 %, mientras que el gasoil b de la maquinaria pesada se ha quedado en un aumento del 20 %.
Bienvenida a los inmigrantes
Con respecto al balance del pasado ejercicio, la inversión total aumentó un 26,5 %, alcanzando los 3.186 millones de euros (2.303 millones fueron de obra privada). El desarrollo de la obra privada se hizo notar sobre todo en vivienda y en inversiones diferentes a las del sector turístico. Este último acumuló una inversión de 212 millones de euros, lo que supone una bajada del 21 % con respecto a 2024. «Es lógico porque no se construyen nuevos hoteles», ha indicado Verger para subrayar el significativo aumento en la obra de vivienda nueva: 4.842 unidades en las que hay que incluir, no obstante, hasta 708 obras correspondientes a legalizaciones extraordinarias en rústico.
En lo tocante a la ocupación, la media anual de trabajadores fue de 62.597 personas, lo que constituye un incremento del 2,4 %. No obstante, el sector sigue alejado de las cifras registradas en las épocas de máximos, cuando se registraban unos 70.000 trabajadores. El problema para encontrar mano de obra cualificada continúa, por lo que la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno «es una buena noticia». Así lo ha remarcado Consuelo Antúnez, quien cree que con esta medida se facilita el acceso a mano de obra disponible. «Es algo que puede dar estabilidad al sector de la construcción».
La excusa perfecta. Unos (PSOE) que se han tocado las bolas durante 8 años sin hacer nada y otros (PP) que llevan haciendo lo mismo desde que están al mando. ¿Y nosotros? Gallinas cobardes sin capacidad de lucha