Siete de cada diez ‘escoletes’ de Baleares (73,6 %) son de titularidad o gestión privada, lo cual implica una mayor precariedad y salarios muy desiguales por hacer el mismo trabajo, según denuncian desde el STEI. En la práctica, esto repercute en la calidad de esta etapa educativa que atiende a alumnos de 0-3 años, aseguran desde el sindicato, que este jueves ha presentado una radiografía de la situación del sector en las Islas. Los salarios son bajos y en algunos casos está en 1.300 euros limpios a pesar de contar con 20 años de experiencia laboral, ha explicado Maria Camps, coordinadora 0-3 del STEI.
La amplia privatización de esta etapa es, en gran parte, fruto de la apuesta del Govern por la gratuidad del servicio. Una media reivindicada desde hace años que aplaudieron, pero que consideran que se ha desarrollado sin planificación. Al no haber suficiente oferta pública para toda la población infantil, la Conselleria d’Educació, que necesitaba disponer de plazas rápidamente, fomentó la reconversión de guarderías (sin plan pedagógico) a ‘escoletes’ (con un modelo educativo totalmente homologado).
Para lograr ese fin también se ha incentivado la creación de unidades 0-3 dentro de centros privados concertados, una fórmula que facilita un crecimiento rápido de la oferta con una menor inversión pública directa. Paralelamente, se han abierto unidades 2-3 años dentro de colegios públicos, pero su impacto está siendo limitado y minoritario en el conjunto del sistema educativo, lamentan desde el STEI. Asimismo, la opción de construir nuevas ‘escoletas’ públicas ha sido la opción menos impulsada por la tardanza y dificultad administrativa que implica.
Falta de equidad en el acceso a una plaza
Todo esto genera una desigual, ha señalado la coordinadora, porque las familias solo pueden beneficiarse de la gratuidad si acceden a una plaza en un centro educativo reconocido. En caso contrario, se ven obligadas a acudir a centros asistenciales de pago, un hecho que genera diferencias significativas en las oportunidades de escolarización, según el sindicato.
Además, la gratuidad no cubre la totalidad de la jornada habitual (6 horas), lo cual obliga a que las familias paguen costes adicionales, como horas extras y comedor, desplazando el gasto pero no eliminándolo. «El colectivo, que está absolutamente feminizado, está tan entregado a su labor que si no fuer así afloraría los problemas que ahora no ven tanto las familias», ha destacado Maria Camps.
Elaborar un convenio único
Ante esta situación, desde el STEI reclaman que se redacte un convenio autonómico propio para unificar y mejorar las condiciones laborales de un colectivo muy amplio, especialmente para las trabajadoras que se rigen por el convenio estatal de 0-3, que son las que menos cobran.
El sindicato propone regular los servicios de comedor en este ciclo, así como reducir ratios y aumentar la dotación de personal. Todo esto supondría necesariamente una mayor inversión pública . Se ha solicitado que se creen plazas públicas de gestión directa frente al modelo desarrollado por el Govern.
Finalmente, una línea roja del sindicato es que en los casos donde la Conselelria asuma la titularidad de centros municipales externalizados se garantice la continuidad del personal que ha trabajado ahí durante años.