El Govern toma el control de la recaudación de impuestos tras décadas con el servicio externalizado en la figura del recaudador de la comunidad. A pesar de que parece de sentido común que el cobro de los impuestos lo hiciera la Agencia Tributaria de Baleares, la realidad es que de ello se encarga una oficina externa con 200 trabajadores que funciona desde 1988.
La dirige Gabriel Alzamora, el recaudador oficial de Baleares. Se trata de un funcionario de alto rango equivalente a un registrador y al que en 1988 se le asignó la labor de recaudación con la puesta en marcha de una ofician a cambio de una comisión del 3 % de la recaudado.
Ese trabajo lo hacían con anterioridad los registradores, pero tras revocar el convenio, muchos expedientes se acumularon y ante la inminente prescripción y la caída de la recaudación, la hacienda balear recurrió a Alzamora. El recaudador se jubila este año y el Govern ha optado por no convocar un nuevo concurso y asumir de forma directa la gestión de la recaudación, es decir, tener todo el control de los ingresos de la conunidad.
Baleares es la única comunidad autónoma que mantenía este sistema de recaudación externalizado ya que todas las demás fueron haciéndose con el control de los ingresos. El Govern lo quiere hacer este año y para ello ha presentado un paquete de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos para dar carta de legalidad a este proceso de internalización.
El vicepresident del Govern, Antoni Costa, defiende que este modelo ha funcionado de una manera muy eficaz durante todos estos años hasta el punto de que la oficina del recaudador fue la encargada de gestionar las ayudas a las empresas durante la COVID.
Costa asegura que ahora será la propia Agencia Tributaria quien se ocupe de este trabajo y será necesario internalizar a los 200 personas que trabajan en ella. El vicepresident señala que el Govern tenía la opción de volver a sacar una nueva oposición para un recaudador, pero ha optado por la vía de la internalización a través de la Agencia Tributaria.
Las enmiendas que ha presentado el PP pretenden acabar con el proceso durante todo este año para que los 200 trabajadores ya estén integrados en el servicio el 1 de enero de 2027. Si las enmiendas no salen adelante –algo poco probable ya que el PSIB ha presentada unas similares con el mismo objetivo–, la intención del Govern es aprobar una prórroga externalizada del servicio. «Si no se puede hacer una internalización ordenada como buscan las enmiendas, se hará esta prórroga», señala Costa.
El vicepresident defiende el papel que ha jugado esta oficina, incluso la comisión que se lleva por prestar el servicio, un 3 % en general y más elevada en vía ejecutiva. El último año en el que se publicó el coste de este servicio fue en 2015 y los ingresos del recaudador fueron de 17 millones de euros, un cifra inaceptable para Podemos, que entonces eran socios de Francina Armengol en el Govern y batallaron sin éxito para anular este servicio.
El Govern llegó a hacer una revisión del contrato del recaudador de impuestos, que también se ocupa de la recaudación en los municipios, tras una advertencia de la Sindicatura en este sentido. La entonces consellera d'Hisenda, la socialista Catalina Cladera, también defendió que el servicio se prestaba con total transparencia. Podemos calificó de «inadmisible» esta figura y dijo que recordaba a la Edad Media por su «persecución» a los que no pagaban.
Lo que comenta RMSL es así, y parece una figura medieval , más que del Siglo XXI, y que exista la posibilidad de que pueda salir a concurso, de nuevo, según mi opinión, supone un desprecio a los ciudadanos que sean administrados por cualquier Gobierno.